La terrassense M. P., esposa de Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, ha sido detenida junto a su marido y tres personas más. La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía llevaron a cabo ayer una vasta operación, bautizada como “Rimet”, por blanqueo de capitales a través del cobro de comisiones ilícitas percibidas por los derechos audiovisuales de la selección de fútbol de Brasil.
Era frecuente ver a Rosell en Terrassa, ciudad de origen de su esposa, localidad que visitaba y en la que se le había visto más una vez. En el Centre, por ejemplo, degustando bocadillos en un conocido frankfurt. Hacía tiempo que el expresidente barcelonista estaba en el punto de mira de la Justicia, como ha sido publicado con creces, pero la noticia de la implicación de su cónyuge conmocionó a buena parte de Terrassa. Sobre todo, a esferas de la clase empresarial. M. P., hija de un conocido industrial egarense, fue trasladada por la policía a la segunda residencia que el matrimonio posee en Corçà, en el Baix Empordà. Los investigadores registraron el chalé.
Hace casi siete años, el 8 de junio del 2010, M. P. participó en un acto que la candidatura de Rosell a la presidencia del Barça celebró en Terrassa. Allí no estaba el propio Rosell, pues en aquellos momentos se grababa en otro sitio un debate electoral, pero su esposa compartió mesa en el estrado con tres de los pesos pesados de la candidatura: Jordi Cardoner, Jordi Moix y Josep Maria Bartomeu, el actual máximo mandatario del club. Rosell arrasó en aquellas elecciones, celebradas el 1 de julio del 2010, con un récord de 35.021 votos y el apoyo del 61,35 por ciento de los socios que votaron. Tres años y medio después dimitió de manera sorpresiva. “Desde hace tiempo, mi familia y yo hemos sufrido en silencio amenazas y ataques que me han hecho pensar si ser presidente significa tener que poner en riesgo a mi familia y causarles angustia”, dijo entonces el dimisionario presidente, como recordó EFE.
La operación de ayer, culminación policial de una investigación iniciada con una querella de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se ejecutó por la mañana en Barcelona, Girona, Lleida y Andorra. La coordinó el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Según el Ministerio del Interior, el asunto investigado es un delito de blanqueo de capitales “a través del cobro de comisiones ilícitas por los derechos de la selección brasileña de fútbol”. Los detenidos, según Interior, integraban presuntamente “una organización criminal” y entre ellos figuraban “personas vinculadas al mundo del fútbol y de la organización de eventos deportivos”. La agencia EFE señaló que la cifra supuestamente desviada por Rosell ascendería a 15 millones de euros, cantidad que presuntamente se repartió con Ricardo Teixeira, expresidente de la federación de fútbol de Brasil y luego ocultó en Andorra. Al parece, ambos participaban de una empresa con la que cobraban los derechos audiovisuales referidos.
Según esa información, el modus operandi consistió en el supuesto desvío de dinero de los derechos audiovisuales de Brasil a empresas relacionadas con Rosell, que también se encuentra inmerso en un proceso judicial por un presunto fraude en el fichaje de Neymar.
Registros
Rosell y su mujer fueron arrestados en el domicilio del matrimonio, en Barcelona. Allí las fuerzas de seguridad efectuaron uno de los registros que desarrollaron a lo largo del día para “obtener más evidencias del supuesto cobro por las funciones de intermediación ilícita, así como del sistema ideado posteriormente para introducir esos beneficios ilícitos dentro del sistema financiero legal”, señaló Interior en un comunicado.
El expresidente del Barça guarda una relación estrecha con Brasil desde hace años, sobre todo cuando ejercía de ejecutivo de la multinacional Nike. Marc Ingla, que había sido compañero de junta de Rosell en la directiva de Joan laporta y en el 2010 se convirtió en su rival en las urnas, aireó supuestos trapos sucios de Rosell durante aquella campaña electoral. Ingla subrayó que el ahora detenido tenía abierta “una investigación por fraude y corrupción” que implicaba al Estado brasileño. Rosell dijo que nunca había sido encausado y contó que su empresa brasileña formalizó un contrato con el gobierno de Brasilia y que ese gobierno cometió irregularidades por las que a él, a Rosell, le enviaron un requerimiento informativo. Nada más, adujo.
