Terrassa

Terrassa y Valladolid se unen por la gestión pública del agua

No están dispuestos a ceder. A pesar de las "presiones" de empresas multinacionales y de las "burdas maniobras" del propio Gobierno, los ayuntamientos de Terrassa y Valladolid firmaron ayer una declaración conjunta en la que reafirman su intención de remunicipalizar el servicio del agua y defienden la autonomía municipal para decidir la mejor forma de gestionar los servicios públicos.

El primer edil, Jordi Ballart, se desplazó ayer a la capital vallisoletana para mantener un encuentro con su homólogo, Óscar Puente, con quien comparte partido (socialista), pero, sobre todo, "camino, visión y estrategia" para consumar la asunción directa del servicio del agua. No son los únicos, pero sí los dos municipios más grandes de España que en estos momentos están llevando a cabo procesos para municipalizar el agua.

La declaración conjunta señala que la autonomía de los ayuntamientos es "el mejor mecanismo para servir a los intereses generales" de los municipios. En segundo lugar, defiende el derecho de los consistorios a decidir la forma de gestión de cada servicio, "garantizando su eficacia, controlando los costes y definiendo tarifas razonables y accesibles". Además, subraya que el "agua no es un negocio, sino un derecho humano y un bien que pertenece a la comunidad". Y por último, el acuerdo carga las tintas contra el Gobierno del PP. Exige la retirada de las disposiciones existentes en los proyectos de la ley de contratos y de los Presupuestos Generales del Estado (la polémica adicional 27) porque "perjudican el interés general, limitan la autonomía municipal y se someten a los grandes grupos económicos que controlan el agua en nuestro país y en el mundo".

Poderes económicos y PP
Aunque los procesos de ambos municipios están en estadios distintos (Valladolid pretende hacerse cargo del servicio el próximo 1 de julio), atraviesan "dificultades" parecidas, señalaron ambos ediles en su comparecencia. Por un lado, la actitud "obstruccionista de las concesionarias y las presiones de los lobbies y los poderes económicos", insistió Ballart, y "ahora, además", indicó, "la amenaza del PP a través de la disposición adicional 27 en el proyecto de ley de Presupuestos que prohibe a los ayuntamientos la subrogación de los trabajadores". Ballart calificó esto último de "claro atentado contra la autonomía municipal" y de "maniobra burdamente camuflada para poner los servicios públicos en manos de empresas privadas y garantizarles negocios muy lucrativos a espaldas de los ciudadanos".

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, señaló que su ayuntamiento ha ganado las dos primeras batallas judiciales, en las que no se ha mantenido al margen el Estado. Explicó que el Consistorio ha ganado tanto a la concesionaria, Aguas de Valladolid, como a la Abogacía del Estado, que pretenden paralizar el proceso de municipalización del agua.

Puente insistió en que es "inadmisible" la disposición adicional del PP en el proyecto de ley de los Presupuestos, que "claramente ha sido introducida por el lobby del agua". El edil socialista explicó que este epígrafe no afectaría a su municipio ya que "la decisión ya está tomada" y la disposición introducida por el Gobierno recientemente "no tiene carácter retroactivo". Pero es más, señaló que hay dos autos de dos tribunales contenciosos de Valladolid distintos que indican que la prohibición que se pretende introducir por la ley administrativa no tiene cabida ya que la subrogación de los trabajadores a un ente público se produce por imperativo del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

El primer edil vallisoletano rechazó otras medidas del Ministerio de Hacienda encaminadas a "tutelar a los municipios", como la ley del gasto o la prohibición de destinar el superávit a las inversiones o servicios que libremente decidan las corporaciones locales.

Puente, que no ocultó que la batalla está siendo "muy complicada", quiso dejar claro que "en las instituciones mandan los representantes de los ciudadanos, no las empresas". Abogó por la interlocución con las concesionarias, pero con límites. "Diálogo, sí, injerencias, no", puntualizó.

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