En el último momento, cuando el debate más había subido de tono y la oposición parecía que dejaba solo al equipo de gobierno, TeC se desmarcó y anunció que facilitaría con su abstención la aprobación de los cambios en el IBI para 2018. El teniente de alcalde de Hacienda, Alfredo Vega, respiró aliviado.
De esta forma, el Ejecutivo local pudo sacar adelante ayer en un pleno extraordinario las modificaciones en el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Donde hubo menos controversia fue en la aprobación de la nueva ponencia de valores catastrales, la verdadera causa del incremento mayoritario que verán los contribuyentes en el IBI. Ningún grupo se opuso. El bipartito y ERC votaron a favor de los nuevos valores catastrales de los inmuebles de la ciudad, mientras que los otros cuatro grupos municipales se abstuvieron (TeC, C’s, CUP y PP).
La revisión, que se realiza 21 años después de la última actualización (en 1996), ha supuesto un incremento medio del valor catastral de los inmuebles del 18,37% en el global de la ciudad, aunque, del 24,47% en el uso residencial, el mayoritario. El bipartito, avalado por TeC con su abstención, ha tomado la decisión de mitigar la subida que supondrán estos nuevos importes en el recibo del IBI congelando el tipo de gravamen (está en el 0,69%, cuando el mínimo es el 0,4% y el máximo, del 1,23%) y aplicando un tope límite de incremento del 5%. Esto será así para el tipo general. Al tipo diferenciado (que corresponde al 10% de valores más elevados de uso no residencial, también llamados IBI’s VIPS), cuya base liquidable baja a raíz de esta revisión, se le incrementará el coeficiente un 10% (pasando del 0,939% al 1,033%) y el tope máximo del incremento se amplía hasta el 10%.
"Falta de progresividad"
TeC, a pesar de que acabó absteniéndose, presentó varias enmiendas (que fueron rechazadas) porque estaba en contra de aplicar una bonificación "lineal" del 5% a todo tipo de inmuebles y de cualquier valor. Su portavoz, Xavier Matilla proponía que el tope del 5% sólo se aplicase a fincas con un valor por debajo de los 69 mil euros y que los llamados VIPS no tuviesen ninguna bonificación. Hacer lo contrario, dijo, es "no tener sensibilidad" ni una mirada progresista de la recaudación fiscal. Finalmente, justificó su abstención, a pesar de que era una propuesta "conservadora" para permitir que, aunque sea de forma homogénea, los propietarios viesen amortiguado el incremento de los valores con un encarecimiento máximo del recibo del 5%. De no aprobarse el dictamen, la oficina del catastro aplicaría los nuevos valores con una subida del 10%.
La CUP también criticó "la falta de carácter redistributivo" en la subida del 5% lineal. Propuso, sin éxito, "incrementar el tributo a quien más pueda pagar" y aplicar bonificaciones "teniendo en cuenta la renta de cada contribuyente".
Isaac Albert, de ERC, hizo un arriesgado discurso, por lo impopular de la reflexión. Aseguró que el IBI no sube ya que no se toca el tipo de gravamen y dejó claro que lo que aumenta son los valores catastrales. "Ya sé que hay ciudadanos con dificultades para llegar a fin de mes, pero hay que hacer pedagogía y explicar que el IBI existe, que hay que pagarlo y que grava la propiedad, que ha subido de valor en los últimos años", sentenció. Se postuló en contra de aplicar una subida máxima del 5% a todos los contribuyentes. "¿Por qué me tienen que bonificar a mi si yo puedo pagar?, preguntó. El camino, dijo, no es la aplicación de topes de ámbito general, sino "crear una línea de subvenciones en el presupuesto para ayudar a quien no pueda pagar".
El factor electoral
Albert recordó que la ley ya obliga a aplicar los incrementos de valor a lo largo de diez años y que los topes sólo están permitidos los tres primeros años, con lo que, a más tardar, en 2021, los ciudadanos "se encontrarán de golpe con una mayor subida". La intención del PSC, dijo, "no es aligerar el incremento que supone la revisión, sino posponer su impacto hasta que hayan pasado las elecciones de 2019".
Álex Rodríguez, del PP, votó en contra de la revisión del IBI porque responde a una "voluntad confiscadora del equipo de gobierno". C’s estuvo a punto de abstenerse. Dijo que era una "propuesta coherente y proporcional", pero pidió reducir el tipo general del 0,69% al 0,67% en 2019. Aunque Vega se comprometió a aplicar algún tipo de rebaja (de medio punto como máximo), no logró convencer al partido naranja, que votó en contra.
Ante todos los frentes abiertos, el edil socialistas trató de defender una propuesta de incremento fiscal "que no quiere ir contra nadie". Atribuyó la falta de más criterios de progresividad en el IBI a la escasa capacidad de maniobra de los ayuntamientos en este impuesto y defendió la "justicia" que supone aplicar un incremento máximo del 5% para todas las fincas dado que "el valor catastral medio en la ciudad es de 51 mil euros". Vega explicó que la subida media del recibo el próximo año será de 9 euros, un esfuerzo "asumible".
Su socio de gobierno, Miquel Sàmper (PDeCAT) también aplaudió la propuesta por ser "equilibrada" y porque busca "no espantar posibles inversiones".
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