Los vecinos que residen en bloques construidos durante el franquismo tendrán que retirar las placas que acreditan que aquellas viviendas fueron levantadas por las autoridades de la época. El motivo no tiene que ver con la existencia de simbología franquista, sino con el hecho de que ya han perdido la calificación de viviendas protegidas.
La ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el pasado 30 de marzo, incluye la modificación de la ley 18/2007 de Derecho a la Vivienda. Se indica que los propietarios y las comunidades de propietarios deben retirar en el plazo de un año, a contar desde la entrada en vigor de esta disposición adicional, las placas colocadas en las viviendas que han dejado de tener la calificación de viviendas protegidas.
La medida afecta, por tanto, a todas la placas que existen en Terrassa de la época franquista. La concejal de Calidad Democrática, Meritxell Lluís, recuerda que deben retirarse tengan o no tengan simbología franquista porque han pasado más de treinta años desde que fueran construidas y, por tanto, han dejado de considerarse viviendas protegidas.
Según el censo de simbología franquista de Catalunya elaborado por el Memorial Democràtic, en Terrassa hay 27 placas de viviendas franquistas que van desde el año 1949 hasta el 1979, aproximadamente. La mayoría son del Ministerio de Vivienda y en ellas aparece el símbolo del yugo y el haz de fechas, pero no en todas. Algunas, como las dos de la Calle Soler i Palet hacen referencia al Ministerio de Trabajo y no tienen simbología franquista. Hay placas en distintos puntos de la ciudad (en el Centre o en Vallparadís, por ejemplo), pero la mayor concentración se da en Can Parellada, donde hay 15 placas de este tipo, todas con simbología de la Falange.
Lluís explica que el Ayuntamiento tiene intención de enviar una carta a todos los vecinos para informarles de que disponen de un año para retirar estas placas. De no hacerlo, la Generalitat ha previsto multas de hasta nueve mil euros. La edil recuerda que al estar ubicadas en fincas de propiedad privada, el Ayuntamiento no puede intervenir, pero sí se pondrá “a disposición” de los vecinos por si necesitan algún tipo de orientación o ayuda.
