El equipo de gobierno ha cambiado de opinión y el jueves por la noche, durante el pleno, anunció “formalmente” que abrirá un nuevo proceso participativo para elegir al Síndic Municipal de Greuges. Lo hizo después de que el martes por la tarde se reafirmase en su intención de continuar con el polémico proceso y dudase de los fundamentos que sustentan la resolución del Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó.
El bipartito ha dado marcha atrás en su idea inicial de dar por válida la consulta realizada en diciembre y que fue impugnada ante el Síndic de Catalunya por el Observatori Ciutadà Municipal (OCM) al detectar irregularidades en la votación digital. Ribó, a quien el propio alcalde, Jordi Ballart, acudió en busca de asesoramiento para hallar una salida al conflicto, emitió una resolución en marzo en la que señalaba las carencias legales de aquella consulta y la ausencia de garantías elementales. Una resolución que el propio Ribó reiteró este miércoles ante la falta de respuesta del Ayuntamiento y en la que insistía en que era necesario anular la consulta y rehacer el proceso.
El teniente de alcalde Alfredo Vega, que ejerció de presidente del pleno debido a la ausencia del alcalde, fue el encargado de realizar el anuncio. Lo hizo al contestar a Isabel Cazorla, la aspirante ganadora del proceso participativo, que intervino en la sesión para pedir que se tomase una decisión de una vez por todas “por respeto a los ciudadanos que han participado en el proceso y a los candidatos”, a quienes durante estos meses se ha estado “vilipendiando”.
Vega lamentó el “retraso” que acumula el nombramiento del Síndic y pidió disculpas a Cazorla en su nombre y en el del gobierno local. Aseguró que, tras hablarlo con el primer edil, había decidido “abrir un nuevo proceso” con “todas las garantías” para atender los requerimientos del Síndic de Catalunya, que será el encargado de “supervisar” esta nueva consulta. El sistema de votación, dijo, será sólo presencial ya que la plataforma Consensus, utilizada para emitir el voto digital en la anterior consulta, ha sido el foco del problema y, según señaló Ribó, no permite garantizar la identificación fehaciente de la persona, la confidencialidad ni el secreto de la opción elegida.
Malestar con Ribó
A pesar de este anuncio, Vega insistió en que el proceso participativo, según estipula el reglamento de la Sindicatura, “no es vinculante”, tesis que también defendió Cazorla. Explicó que “ante la confusión” generada y “el bloqueo” por las denuncias de irregularidades, el propio gobierno local se puso en contacto con el Síndic Ribó para que les ayudase a “encontrar una buena solución, que fuese democráticamente impecable, jurídicamente indiscutible y que permitiese el mayor consenso posible”.
El edil aseguró que habían decidido ser “coherentes y respetuosos” con su recomendación, aunque hubiesen preferido que Ribó les hubiese anunciado el sentido de su resolución en la reunión que mantuvieron con él el pasado 17 de marzo, cuatro días antes de que emitiese el contundente dictamen. De hecho, la contundencia de esta recomendación fue cuestionada, de nuevo, por Vega, quien afirmó que no ha sido hasta este miércoles, con el comunicado de prensa enviado por la oficina de Ribó, cuando les ha quedado claro la necesidad de repetir el proceso.
Con esta rectificación, el Ejecutivo local asume la tesis de la concejal de Calidad Democrática, Meritxell Lluís (PDeCAT), que era partidaria desde el principio de repetir la consulta y crear los órganos que garanticen su correcto desarrollo. Hasta llegar aquí, el enmarañado proceso ha provocado tensiones internas entre los dos socios del bipartito e incluso en el seno del PDeCAT. Miquel Sàmper, líder de la antigua Convergència, manifestó en anteriores ocasiones que era “peor” volver a poner en marcha el proceso desde cero y que, como grupo municipal, habían decidido que lo más “eficaz” era validar la consulta actual, a pesar de la distinta opinión defendida por su compañera de filas. La última vez que expresó tal parecer fue el martes, en una rueda de prensa. En el pleno, sin embargo, Sàmper aseguró que eso era sólo su “idea personal”, pero que la decisión, hasta ese mismo jueves, no se había tomado.
Vega, después de insistir por última vez el martes en que el dictamen del Síndic de Catalunya no invalidaba el proceso actual para la designación del defensor del pueblo local y cuestionar la base de la resolución, afirmó el jueves que no había pensado en desatender la recomendación de Ribó. “No se de dónde sacan que pensábamos no hacer caso a la resolución”, le espetó a los miembros de la oposición, que le preguntaron el porqué de su cambio de opinión en tan solo dos días.
La situación que se abre ahora implica rehacer el reglamento de la Sindicatura Municipal para estipular unas normas claras de la consulta que respeten el ordenamiento jurídico. Mientras tanto, está por ver si en este impás se designa a un Síndic de forma temporal. El Consell d’Entitats y la CUP apuestan por Isabel Marquès, la última Síndica local que tuvo la ciudad.
Tras el anuncio formulado por Vega, la candidata más votada en la consulta que ahora se anula, Isabel Cazorla, aseguró que valorará si se presenta a este nuevo proceso. Cazorla intervino en la sesión para dar un toque de atención a los partidos políticos y pedirles que tomasen una decisión, ya que le corresponde a ellos hacerlo en el pleno. “Vengo a pedirles que pongan fin a este proceso de la forma que crean más conveniente, que cumplan con sus obligaciones”, subrayó.
Perfil y proyecto
Esta abogada egarense defendió que el proceso participativo era sólo “una recogida de apoyos” y no una consulta no referendaria. Si el pleno pretendía que fuese una consulta popular de las recogidas en la ley catalana de 2014 “deberían haberlo indicado en el reglamento”. Además, indicó que el resultado del tal proceso “no era determinante” para elegir al titular de la Sindicatura, sino “un elemento más”. Pidió “valorar el perfil, proyecto y trayectoria” de los candidatos.
Además, Cazorla considera que en su resolución Ribó no propone repetir la consulta. Es más, afirma: “Hace una recomendación en la que pide que se continúe adelante con el proceso”. En cualquier caso, insistió, la “responsabilidad” de tomar una decisión sobre el futuro de la institución corresponde al pleno municipal. Antes de acabar su intervención, advirtió que “la Administración no puede ir en contra de sus propios actos”.
