El Gobierno central ha incorporado una disposición adicional al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que limita la incorporación a la administración pública de trabajadores en nómina de empresas externalizadas o privadas. La medida supone un auténtico torpedo político a los procesos de municipalización de servicios que desde 2015 impulsan municipios de izquierdas en todo el Estado.
En Terrassa, la disposición impediría al Ayuntamiento subrogarse la plantilla de Mina y amenaza con convertirse en un obstáculo insalvable para el traspaso del servicio del agua a la gestión pública, como defiende la mayoría del pleno.
En su disposición adicional 27, el proyecto de Ley de los Presupuestos establece que las administraciones no podrán considerar como empleados públicos ni incorporar a sus plantillas a "los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos (…) cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate". También si se decreta el secuestro o la intervención del servicio.
El Gobierno del PP veta por completo la subrogación, incluso si ésta viene avalada por una sentencia judicial o responde a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. En esos casos, el Ejecutivo de Mariano Rajoy condiciona las absorciones de plantillas a la tasa de reposición de los ayuntamientos, que sólo permite sustituir las bajas en servicios básicos como Policía Municipal, Servicios Sociales e Intervención.
Improcedente e inconstitucional
"Es una injerencia total en la autonomía municipal, una decisión totalmente improcedente e inconstitucional", comentaba ayer Alfredo Vega, concejal del Agua. El portavoz del Gobierno local ve en la medida del PP "una maniobra para evitar que los servicios en manos de empresas privadas pasen a gestión pública".
La mayoría de grupos políticos secundaron ayer un acuerdo de junta de portavoces contra la disposición adicional de los Presupuestos y, tanto las entidades municipalistas como los partidos, dan ya los primeros pasos para presentar enmiendas. "Estamos convencidos de que toda la oposición enmendará esta maniobra sibilina del PP, que intenta colar elementos esenciales en el Presupuesto en lugar de tramitarlos como ley, dar la cara y abrir el debate".
Los partidos plantarán también batalla legal al proyecto de Ley. "Nuestros servicios jurídicos están trabajando para presentar una iniciativa de inconstitucionalidad", adelantaba ayer Vega.
La medida del PP arroja serias incógnitas sobre el proceso de municipalización de la gestión del agua en Terrassa. Alfredo Vega admite que se trata de "un obstáculo complicado" y confía en que "desde la política o desde los tribunales se acabe tumbando la disposición. Conviene ser prudentes y esperar a ver como avanza el tema".
La administración local ha reiterado públicamente su intención de subrogarse la plantilla de Mina adscrita al servicio, 129 personas según los cálculos de la concesionaria, y ha hacerlo con todas las garantías legales. En abril de 2016, el pleno aprobó una propuesta de resolución en la que el Consistorio se comprometía al mantenimiento de los puestos de trabajo y el respeto de los derechos laborales.
Los trabajadores
Los empleados de Mina se mantienen en un discreto, pero atento, segundo plano desde que en abril del pasado año se manifestaron reivindicando que se respeten sus derechos laborales. La plantilla se ha reunido con los grupos municipales para trasladarles sus inquietudes y mantiene contacto permanente con la administración municipal, lo que le permite seguir de cerca los trámites para el final de la concesión.
En ese contexto, Mina impulsó a principios de año una ronda de contactos entre trabajadores y Ayuntamiento, con la Consellería de Treball como mediadora. La compañía insistñia en despejar dudas sobre la futura contratación.
La manifiesta voluntad de una mayoría del pleno de poner fin al actual modelo de concesión privada y pasar a la gestión directa del servicio sitúa a la plantilla de Mina cada día más cerca de su subrogación, siempre que los Presupuestos no acaben invalidando esa posibilidad. PSC, TeC, ERC-MES y la CUP, -20 concejales de 27- defienden municipalizar la gestión.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental se ha sumado a la denuncia pública contra la polémica disposición del Partido Popular, iniciativa que también considera "un ataque a la autonomía municipal". La institución publicaba el miércoles una alerta sobre las repercusiones que la medida tendrá en el municipalismo.
El presidente comarcal Ignasi Giménez cree que el ejecutivo de Mariano Rajoy "con la excusa del control del déficit ataca a la autonomía municipal y pone trabas a procesos que se han iniciado en muchos ayuntamientos para prestar los servicios de la mejor manera posible". La institución comarcal tiene intención de incorporar el tema a la agenda de la próxima reunión del Consell d’Alcaldes del Vallès Occidental.
