El Juzgado número 2 de Barcelona ha desestimado la petición formulada por la Associació d’Accionistes de Mina de suspender cautelarmente los acuerdos del pleno municipal del pasado mes de diciembre. En ellos se dio final tras 75 años al contrato de concesión del servicio de agua a Mina, se fijaron las condiciones de la reversión de bienes y se impuso a la compañía la primera de dos prórrogas forzosas de seis meses.
La resolución judicial da manos libres al Ayuntamiento para seguir adelante con el proceso de municipalización del servicio del agua en la ciudad y pone fin a la amenaza de bloqueo. Anteriormente, los Juzgados Contencioso Administrativo 17 y 9 de Barcelona desestimaron en enero y marzo dos peticiones de suspensión cautelar formuladas también por el grupo Mina.
La triple decisión de los tribunales despeja incertidumbres y permite al Ayuntamiento seguir adelante con el traspaso del servicio de manos privadas a manos públicas. Los tribunales seguirán tramitando a partir de ahora los contenciosos y evaluando el fondo de la cuestión, es decir, si los dictámenes del pasado diciembre se ajustan a derecho, cosa que cuestiona el grupo Mina, su socio mayoritario, Agbar, y la Associació d’Accionistes.
El concejal del Agua, Alfredo Vega, celebraba ayer la noticia. "Que la Justicia nos dé la razón en la desestimación de las tres peticiones de suspensión -dijo-, y por juzgados diferentes, demuestra que, pese a los impedimentos y dificultades que estamos teniendo, el Ayuntamiento está haciendo bien las cosas. Eso nos refuerza en nuestra voluntad para recuperar la gestión pública de un bien común tan importante como el agua".
El proceso del agua suma seis contenciosos cuya resolución se alargará en el tiempo. Mientras la Justicia sigue su curso, el Ayuntamiento decidirá en los próximos meses el nuevo modelo de gestión que regirá finalizado el contrato y las dos prórrogas con Mina. El jueves elevará a pleno el inicio del expediente para el cambio de formato.
