El Ayuntamiento volvió a aprobar la semana pasada durante el pleno una nueva prórroga a Mina, Aigües de Terrassa, para que continúe, otros seis meses más haciéndose cargo del servicio de abastecimiento de agua en la ciudad. El contrato, que arrancó en 1941, acabó el 9 de diciembre de 2016, pero desde entonces el Consistorio ha tramitado dos prórrogas ya que aún no tiene aprobado técnica y legalmente cuál será el modelo de gestión que regirá el futuro del servicio.
Sobre el responsable, o reparto de responsabilidades, de que el expediente para el cambio de gestión aún no se haya resuelto versó gran parte de las críticas que tuvo que soportar el principal partido del gobierno, el PSC. El debate puso de manifiesto que cuanto más se alargue la áspera liquidación del contrato con Mina y más se tarde en decidir de manera oficial el sistema que regirá el servicio en los próximos años más riesgo hay de fisuras dentro del bloque político que hoy por hoy defiende la gestión directa, como son PSC, TeC, ERC y CUP. Para empezar, a diferencia de lo que ocurrió en junio del año pasado sobre la primera prórroga a Mina, la concejal de la CUP se abstuvo en la votación, mientras que hace nueve meses apoyó el dictamen. La votación del resto de grupos fue la misma que entonces: PSC, TeC, ERC y PDeCAT votaron a favor de alargar, de nuevo, el contrato a Mina hasta el 9 de diciembre, y PP y C’s se abstuvieron “por responsabilidad”, a pesar de estar en contra en cómo se está gestionando el proceso.
El modelo, antes de fin de año
El edil de la nueva concejalía del Agua, Alfredo Vega, volvió a sostener que no se han podido completar los estudios de viabilidad de las distintas fórmulas de gestión debido a “la falta de colaboración de la empresa concesionaria”. El edil explicó que entre sus planes está completar la información que falta “durante los seis meses de la segunda prórroga” y así poder decidir el modelo de gestión. El equipo de gobierno confía en que sea durante el segundo semestre del año cuando se tramite y apruebe el expediente sobre el modelo a adoptar, pero algunos grupos de la oposición esperan que sea antes.
Es el caso de TeC. El líder de los comunes, Xavier Matilla, reclamó a Vega que “hay que hacer todo lo posible para que antes de que acabe la actual prórroga (9 de junio de 2017) ya esté aprobado de manera inicial el nuevo modelo de gestión”. La prórroga que ahora se aprueba, que llevará a Mina a continuar prestando el servicio hasta el 9 de diciembre, “debería ser la última”. El edil remarcó que “la forma de hacer de Mina”, de la que ahora se queja el PSC, “es la que ustedes (en referencia a los socialistas) le han permitido durante 38 años”.
Precisamente, sobre las relaciones y proceder del Ayuntamiento con Mina en estos 38 años de democracia municipal en la que el PSC ha dominado la alcaldía apuntalaron sus críticas todos los grupos. Antes de Matilla, fue Álex Rodríguez, del PP, el que afeó a Vega sus argumentos. “Llegaremos a diciembre con un año de prórroga forzosa de una concesión que ha estado en vigor durante 75 años, de los cuales, los últimos 38 gobernados por el PSC y ¿ahora resulta que la responsabilidad es de Mina por no facilitar determinada información? Como suele pasar, el PSC se quita de encima su responsabilidad”, denunció Rodríguez.
Sin negar la falta de colaboración de Mina y su obstaculización al proceso -denunciado prácticamente por todos los partidos en numerosas ocasiones- la oposición recriminó al bipartito, especialmente al PSC, su pasividad. “En los últimos 38 años ha habido tiempo más que de suficiente para organizar la liquidación de la concesión”, le espetó Javier González, de C’s, al concejal del Agua.
“Si hemos llegado hasta aquí es porque hay una empresa que se cree que está por encima de la autoridad y legitimidad de los egarenses aquí representados”, aseguró Carles Caballero, de ERC, pero el edil no dejó pasar que más allá del “apoyo” expresado al gobierno en su batalla con Mina, la concesión lleva en vigor 75 años en los que “38 han sido de gobiernos socialistas, principalmente”.
La concejal anticapitalista Maria Sirvent justificó su abstención porque no es su grupo, dijo, el que debe asumir “la responsabilidad de una mala gestión pasada”. La edil señaló que se ha llegado a este punto “por la relación de absoluta confianza mantenida entre Mina y el Ayuntamiento”, que provocó que el “verdadero” intento de control y fiscalización no se diese hasta 2011, cuando a través de un convenio se sentaron las bases para el proceso de liquidación del contrato de 1941.
La vía penal
Sirvent fue muy dura con el equipo de gobierno “por no haber aplicado las penalizaciones que permite la ley en base a la actitud de la empresa y a la negación de la titularidad del servicio”. La regidora pidió más beligerancia judicial con la concesionaria, de manera que se pongan en marcha “los instrumentos legales necesarios, lo antes posible, para hacer valer la potestad fiscalizadora del Ayuntamiento frente a la concesionaria”. Si es necesario, remarcó en dos ocasiones, “que se llegue a la jurisdicción penal para hacer valer los derechos de las clases populares”, enfatizó la edil de la CUP.
Vega admitió la “corresponsabilidad” del PSC en el proceso de liquidación del contrato de suministro del agua, al igual, señaló, que la tienen las formaciones de ICV y ERC que también han dirigido la concejalía de Medio Ambiente en algún momento de la historia reciente del Ayuntamiento.
En un intento por rebajar la tensión que a estas alturas reina entre el Ayuntamiento y Mina y a pesar de la petición de la CUP de ser “más duros”, Vega aseguró que el equipo de gobierno “mirará las diferentes vías, incluida la del diálogo” para lograr que la titularidad del agua que ahora posee el Consistorio “de manera formal”, admitió, “llegue a ser efectiva” y el pleno “pueda decidir cuál es el mejor modelo de gestión”.
