Terrassa

El PSC exige al Govern que financie las escuelas infantiles

El pleno municipal ordinario previsto para esta tarde llevará a debate nueve propuestas de resolución sobre asuntos que van desde las recientes sentencias sobre el 9-N a la presencia del ejército en la ciudad, pasando por la creación artística o la financiación de las escuelas infantiles. Sobre este último tema trata la moción presentada por el PSC, que denuncia que el Govern ha dejado solos a los municipios en el sostenimiento de las guarderías.

Los ánimos entre los socialistas están aún más encendidos después de que hace unos días se supo que la Generalitat había transferido 81 millones que estaban asignados a los centros públicos a las escuelas infantiles concertadas. A partir del curso 2012-2013, denuncia el PSC, el Govern rompió los acuerdos de financiación con los ayuntamientos y en los últimos años, la aportación de la Administración autonómica (que llegó a ser de 1.800 euros por alumnos) "es cero". Ahora, el partido reclama al Departament d’Educació que se corresponsabilice de los costes de esta etapa educativa y que vuelva a subvencionar las plazas públicas municipales.

La polémica de esta sesión plenaria vendrá de la mano de ERC. Bajo su propuesta para "desmilitarizar" Terrassa, la formación quiere que el ejercito no pise los equipamientos municipales ni, especialmente, los centros educativos. La petición llega después de que el concejal republicano Carles Caballero criticase la presencia de militares en la Fira Solidaria de Seguretat celebrada el pasado día 11 en el recinto ferial.

ERC llevará a debate dos mociones más. En una de ellas pide que se analicen los riesgos y oportunidades que genera la industria 4.0 en el tejido productivo local. En la otra, quiere impulsar la creación artística. Los republicanos solicitan que el Ayuntamiento promueva una línea de ayudas, dotada con 30 mil euros anuales, para proyectos de artistas locales. También proponen que se den ayudas a los particulares y entidades que cedan sus espacios para la creación, así como que se cree un mapa de todos los espacios existentes en Terrassa, públicos y privados, susceptibles de ser destinados para ensayar.

Con las artes, en este caso audiovisuales, también tiene que ver la única moción presentada por TeC este mes. Los comunes ponen encima de la mesa una serie de medidas para fomentar la producción cinematográfica local, así como para aumentar el retorno social de la actividad económica que se desarrolla en el Parc Audiovisual de Catalunya, que vayan más allá de acciones para dar a conocer el recinto. La formación quiere crear una mesa de expertos para que propongan de forma consensuada los incentivos fiscales que más ayudarían a la industria local.

El grupo de C’s lleva al pleno dos mociones. Una de ellas nace con la polémica que generó la dedicación del teniente de alcalde Miquel Sàmper a tareas como abogado. A pesar de que el secretario municipal estimó que no había incompatibilidad entre su cargo público y el ejercicio de su actividad privada, el asunto aún colea. Ahora C’s quiere que para poder evaluar la compatibilidad que tres concejales de gobierno tienen concedida con actividades privadas, estos ediles justifiquen a final de año el uso y remuneración de las treinta horas autorizadas en cada caso.

Dudas sobre la calidad del agua
En la segunda de sus propuestas, C’s pide que se realicen nuevas analíticas del agua distribuida por Mina d’Aigües de Terrassa. La preocupación del partido es que parte de las tuberías por donde discurre el agua son de fibrocemento, material compuesto a base de cemento y fibras de amianto, sustancia considerada cancerígena. La formación naranja solicita que, preferentemente, sea una empresa externa la que realice los análisis que permitan conocer la presencia de partículas en suspensión, en general, y de amianto, en particular, en la red de distribución del agua.

La CUP se centra en los requisitos administrativos que deben reunir los inmigrantes instalados en la ciudad. En concreto, pide que el Ayuntamiento suprima la tasa que deben pagar los inmigrantes por obtener un informe de adecuación de la vivienda (56,67 euros), trámite que deben seguir cuando solicitan la reagrupación familiar. A la Generalitat, la CUP le pide que declare la gratuidad de todas las tasas "requeridas para poder vivir en pleno derecho".

El PDeCAT reclamará al resto de partidos que apoyen la moción en la que se rechazan las sentencias de inhabilitación dictadas contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs por organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014.

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