Las patronales de las escuelas concertadas, tanto cristianas como laicas, han defendido la “legalidad y objetividad” del “reajuste” presupuestario que hizo la conselleria de Ensenyament en 2012 y 2014 para destinar los 81 millones de euros de las escuelas infantiles municipales a pagar los sueldos de los profesores de los colegios concertados. La red, en un comunicado público, rechaza que se trate de un “desvío de dinero con finalidades distintas de las establecidas por el ordenamiento jurídico”. Al respecto han manifestado que “esta es una acusación muy grave en contra de una autoría pública, cuya actuación habría supuesto que las escuelas concertadas habrían sido beneficiarias, de manera ilegal y contraria, al ordenamiento de una financiación pública”. Con el comunicado, las patronales de la concertada han dado respuesta a la noticia del diario El Periódico donde se públicó el término “desvío” de fondos. Fue publicada el martes. Ese mismo día, la exconsellera Irene Rigau, admitió la noticia pero negó que fuera un “desvío” y sostuvo que fue un “reajuste” presupuestario, alegando también que el Gobierno del PP había dejado de pagar más de 73 millones de euros para el parvulario (P3 a P5) entre 2011 y 2012.
