Trabajaba en una caja de ahorros que luego se integró en la ahora extinta Unnim, con cargo de apoderado, y en poco más de cuatro años dejó un agujero de casi medio millón de euros. De eso, al menos, acusa el Ministerio Fiscal a un empleado bancario. No lo acusa de mala gestión, sino de apropiarse del dinero de clientes y de falsificar documentos para enmascarar las operaciones. La fiscal pide una pena de tres años de prisión y la devolución del dinero, que Unnim (en la actualidad integrada en el BBVA) tuvo que reponer a las víctimas.
Hace más de una década de aquello (del final de aquello), pero el expediente penal aún no se ha resuelto. Se resolverá, si se cumplen las previsiones judiciales, a partir del próximo jueves. Para ese día, para el 16 de marzo, está prevista la celebración del juicio en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona.
El procesado tenía la condición de apoderado de una oficina de Unnim en Terrassa. Según manifiesta el Ministerio Fiscal, el acusado estuvo más de cuatro años llevando a cabo operaciones "de distracción de activos patrimoniales". Cuando menos, ejecutó doce de esas operaciones, siempre según el escrito de acusación.
La sucesión de desfalcos empezó en junio del 2002 y acabó en septiembre del 2006. A tenor de la calificación fiscal, el apoderado hizo reintegros "en diez cuentas a la vista o a plazo por un total de 376.542 euros", utilizando cuentas de varios clientes de la entidad.
Otro paso en la presunta apropiación consistió en la concesión de nueve tarjetas de crédito "sin conocimiento de sus titulares", estratagema con la que efectuó operaciones "por un total de 91.750,13 euros", indica la Fiscalía.
Y otra actuación se centró en dar dos préstamos personales a clientes que tampoco sabían nada del asunto. El importe calculado: 21.304,86 euros. Según el relato de la acusación pública, el implicado también abrió seis libretas a la vista "sin consentimiento de sus titulares"; en esas libretas "cargaba las liquidaciones de las tarjetas y las amortizaciones de los préstamos irregulares por un importe de 1.281,56 euros".
Había que intentar dar barniz legal de autorización a las disposiciones, y para ello el acusado "estampó su firma imitando la de los titulares de las referidas cuentas", señala el Ministerio Público.
Del agujero económico se hizo cargo la caja de ahorros para la que trabajaba el apoderado. La fiscal lo especifica: ellos, los clientes, no sufrieron perjuicio económico "al haber sido resarcidos íntegramente por la entidad bancaria". Y es la institución financiera la que reclama el dinero: 496.589,20 euros, sin contar intereses. La acusación pública reclama que el inculpado pague esa cantidad a Unnim (al BBVA, se deduce) "por el dinero distraído a la entidad".
¿Qué supuestas infracciones penales cometió el responsable de la sucursal? Según destaca el fiscal, perpetró un delito continuado de apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, pues la falsificación de las firmas fue el medio empleado para perpetrar la apropiación.
El Ministerio Público, que redactó su escrito de acusación hace un año, pide al tribunal que imponga al acusado tres años de prisión y una multa de 4.320 euros: doce meses con cuota diaria de doce euros. Y que abone la indemnización de casi medio millón de euros.
