Desde el pasado mes de diciembre la plantilla de Mina participa en un proceso de mediación laboral instado por la concesionaria para despejar las dudas sobre el futuro laboral de sus empleados si finalmente el Ayuntamiento asume la gestión directa del servicio. La conselleria de Treball ejerce de mediadora en un procedimiento que ya ha sentado en una misma mesa a la empresa, la administración local y los trabajadores en dos ocasiones, sin que hasta ahora haya concluído de manera satisfactoria para las partes.
Mina instó el año pasado la mediación laboral al entender que la prórroga forzosa del servicio que se le impuso en diciembre modifica la naturaleza y las condiciones del contrato original, y obliga a liquidar las relaciones laborales de su plantilla al finalizar ese periodo.
En ese contexto, la compañía quiere aclarar en el marco de la mediación en qué condiciones se produciría el traspaso de los trabajadores, qué numero de empleados se subrrogará el nuevo gestor y las condiciones laborales en que se producirá la absorción de los profesionales.
Entre otras cosas, la empresa quiere saber si, en el caso de incorporarse a la administración (a la plantilla municipal o a una sociedad pública), el equipo de Mina deberá someterse a un concurso u oposición, fórmulas que a su juicio pondrían en riesgo la estabilidad laboral de los profesionales al competir con otros candidatos a la plaza.
El nuevo modelo
El Ayuntamiento de Terrassa ha reiterado públicamente su intención de subrrogarse la plantilla adscrita al servicio del agua -que Mina cifra en 129 personas- y en las reuniones mantenidas ha dejado claro que esta figura no supone en ningún caso esquivar el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que fija la obligatoriedad, en caso de traspaso, de subrrogar los derechos y obligaciones laborales de los empleados. Al final de la prórroga, la administración sostiene que estará en uno de los supuestos del mencionado artículo.
Los agentes tienen previsto volver a reunirse el próximo 18 de abril. El Ayuntamiento ha explicado en los encuentros que no decidirá el futuro modelo de gestión del agua hasta que no cuente con los informes que evaluarán las alternativas y deben probar su sostenibilidad económica. El pleno cuenta con una mayoría política a favor de la gestión pública del agua, pero la decisión formal aún no se ha tomado.
Durante los encuentros en la conselleria de Treball han vuelto a aflorar las discrepancias sobre el proceso de liquidación de la concesión. De hecho, la administración ve en la mediación solicitada por Mina un intento de enfrentar la plantilla al Ayuntamiento, que mantiene un contacto fluido con los empleados, a los que informa “al detalle” de la evolución del proceso del agua.
Los datos
Una de las diferencias que han vuelto a aflorar durante la negociación en la sede de Treball es la reiterada reclamación a la empresa por parte del Ayuntamiento de datos pormenorizados de la plantilla que permitan evaluar, entre otras cosas, los costes reales del servicio.
Mina insiste en que no entregará los datos personales de sus trabajadores ni sus retribuciones individuales mientras no esté definida la nueva forma de gestión ni la fecha definitiva de cesión de los trabajadores.
