El cobro de la plusvalía es ilegal cuando el precio de venta es menor que el de adquisición. Así lo dictaminó el viernes el Tribunal Constitucional (TC), para el que no es legal imponer el impuesto municipal cuando no se ha producido una ganancia económica. La sentencia supone un enorme varapalo para los ayuntamientos, entre ellos, el de Terrassa, que cobran el tributo en todos los casos, aunque en la transacción se hayan producido pérdidas, algo muy habitual desde el estallido de la burbuja inmobiliaria.
La plusvalía, tributo cuyo nombre técnico es precisamente impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, no debería cobrarse si en la transmisión no ha habido ninguna ganancia, según sentenció el viernes el Alto Tribunal. El fallo obligará a reformar el tributo, de manera que no grave situaciones en las que no ha habido revalorización del inmueble. La resolución fue adoptada por unanimidad.
En Terrassa, como en todos los municipios, el cobro de la plusvalía se ha seguido produciendo estos años de crisis, a pesar de que el profundo descalabro de precios en el mercado inmobiliario ha supuesto pérdidas económicas en las ventas que se iban fraguando. La Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca estima que tanto pisos, como locales, parkings, naves industriales y oficinas adquiridos en los últimos años previos a la crisis, han perdido, como mínimo, el 50% de su valor desde 2008.
El sistema de cálculo
La Cambra de la Propietat fue, de hecho, pionera en reclamar la devolución del tributo en casos de pérdida real de valor del inmueble. Ya en 2013 impugnó las ordenanzas fiscales de Terrassa por entender que no era de justicia cobrar la plusvalía si no había ganancia. Entonces, Joan Planas, secretario de la institución, denunció que el sistema de cálculo del impuesto se basa en el valor catastral, pero no tiene en cuenta si en el momento de la transmisión ha habido ganancia o pérdida real. Para Planas, este “cobro injusto” sería como si un ciudadano tuviese que pagar IRPF sin haber tenido ingresos de ningún tipo durante el año.
En 2013, el pleno desestimó las alegaciones de la Cambra. Y lo volvió a hacer en diciembre del año pasado, remarca la organización, que recuerda que ningún grupo municipal apoyó su petición. Ahora, la entidad se felicita porque el TC ratifique lo que hace tanto años que ellos señalan. Ya tienen a punto una campaña para reclamar al Ayuntamiento la devolución de las plusvalías cobradas indebidamente. La Cambra advierte de que, tal y como está redactada la normativa de recaudación fiscal, no es aconsejable que los futuros afectados dejen de pagar sin más para evitar que se les reclame el pago por la vía ejecutiva. Por tanto, comentan los especialistas de la cámara egarense, habrá que pagar y, a continuación, exigir que se les devuelva lo pagado con intereses desde el momento de la reclamación.
Desde la Cambra están expectantes sobre la explicación que dará el Ayuntamiento “ante tanta ilegalidad cometida en el cobro indebido e injusto de este impuesto”. El teniente de alcalde de Servicios Generales, Alfredo Vega, no se muestra demasiado sorprendido ante la sentencia. Recuerda que otros tribunales superiores de justicia ya habían dictaminado en el mismo sentido estos últimos años.
Aplicar la ley en cada momento
Aún así, el edil, defiende que a pesar de esas resoluciones y las insistentes reclamaciones de la Cambra de la Propietat, “el Ayuntamiento debe cumplir la ley y así lo ha hecho”. El concejal insta a la reforma del tributo, “que le pertenece hacerlo al Congreso de los Diputados”, para modificar así el sistema de cálculo del impuesto y “el principio entendido hasta el momento de que siempre habría incremento de valor”. Hasta ahora, dice, la única manera de acreditar que no había habido tal ganancia era que el interesado aportase pruebas mediante una tasación en el momento de la compra y otra en el momento de la venta, algo que no era nada habitual.
El concejal afirma que los servicios jurídicos del Consistorio aún están valorando la sentencia y prefiere no aventurarse sobre si los ayuntamientos tendrán que afrontar devoluciones con carácter retroactivo. En cualquier caso, estos ajustes en el impuesto tendrán un importante impacto en los ingresos del Ayuntamiento ya que la plusvalía aporta alrededor de seis millones de euros anuales a las arcas públicas. La últimas previsiones indicaban que era un tributo al alza en cuanto a recaudación.
