La Agència Tributària entiende que las aportaciones que la Generalitat y los ayuntamientos hacen a las operadoras del transporte público están vinculadas al precio y por lo tanto deben pagar el 10% del IVA. La medida es fruto de la Ley 20/2004 que reformó el Impuesto del Valor Añadido y que ahora obliga a todos los ayuntamientos a tributar. La reforma supone un desembolso anual de 650 mil euros para el municipio de Terrassa y de más de 3,5 millones para los pueblos y ciudades de la AMTU (Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà).
En previsión de este requerimiento tributario, el Ayuntamiento de Terrassa ha consignado en el presupuesto municipal de 2017 una partida de 1’7 millones de euros. “Hemos querido hacer una provisión para los tres últimos ejercicios, ya que la modificación de la Ley del IVA es de 1 de enero de 2015”, explica Alfredo Vega, teniente de alcalde de Servicios Generales y Gobierno Abierto.
La administración local cree que “el Estado debería incrementar su aportación para que los municipios recuperáramos ese 10% del IVA”. Vega recuerda que la reforma del impuesto “responde a una sentencia europea que obliga a los ayuntamientos a pagar cantidades muy elevadas que el Estado debería compensar”.
En Terrassa, los ingresos por la venta de billetes no cubren el coste del servicio del transporte público, que el Ayuntamiento subvenciona en torno al 50%. Hasta el año 2005 estas aportaciones estaban exentas de tributación, pero ahora supondrán un coste añadido.
La Hacienda municipal estudia en este momento si la reclamación de la Agència Tributària “se aplica de manera retroactiva y afecta a anualidades anteriores a 2005”, como apuntan algunas fuentes.
La administración local comprobará también si la aplicación del 10% del IVA recae sobre otros servicios subvencionados como la Societat Municipal de Comunicació, el Cinema Catalunya o el Parc Audiovisual. “Queremos ver cómo repercute la medida en el resto de servicios con ayuda municipal”, comenta Vega, cuya oficina no ha previsto en 2017 nuevas reservas con fines tributarios.
Indefensión
Estos días la AMTU ha manifestado públicamente su rechazo a las reclamaciones que la Agència Tributaria está haciendo llegar a las empresas que prestan servicios de transporte público en Catalunya. Les reclama el pago del 10% del IVA de las aportaciones que las administraciones públicas realizan por la prestación del servicio y que a partir de ahora deberán complementar.
La AMTU considera que “los ayuntamientos catalanes se encontrarán en una situación de indefensión por una normativa que comporta una serie de consecuencias directas y negativas para el transporte público y el conjunto de los usuarios de los servicios, y de las cuales no han sido informados”.
Una delegación de la entidad municipalista encabezada por su presidente, Jordi Xena, y su director general, Joan Prat, ya se ha reunido con el Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. El alto cargo se ha comprometido a estudiar el tema y ha solicitado a la AMTU una propuesta de solución para analizarla.
Xena señala que “el pago del IVA por parte de las administraciones públicas implicará un desequilibrio económico de las concesiones de servicios del transporte público, afectando a los presupuestos municipales y a la ciudadanía”. La entidad cita como ejemplo Terrassa, que deberá afrontar una aportación complementaria de 650 mil euros anuales; para Sabadell supondrá 520 mil euros, en Mataró 360 mil y en Sant Cugat 320 mil.
Tal como apunta Alfredo Vega desde el Ayuntamiento de Terrassa, la AMTU teme que la interpretación de la Ley Reguladora del IVA pueda afectar no solo a las concesionarias públicas del transporte, tanto urbano como interurbano, si no que también pueda hacerse extensivo a otras concesiones donde las administraciones aporten cánones o cuotas que permitan la prestación del servicio.
De momento, la Agència Tributària ya ha iniciado expedientes de gestión e inspección tributaria a varias concesionarias del transporte en Catalunya, a las que en algunos casos estaría requiriendo el pago de IVA no tributado antes de 2005. No es el caso de Terrassa, donde Alfredo Vega asegura que la Administración central no ha incoado aún expediente alguno.
