Los emigrantes españoles que trabajaron en Venezuela y que hace algunos años decidieron regresar "a la patria que les vio nacer", atraviesan una dramática situación desde que en diciembre de 2015 el Gobierno de Venezuela dejó de pagarles la pensión. C’s quiso ayer apoyarles y trasladar al resto de grupos del Consistorio una propuesta de acuerdo de junta de portavoces para que el Ayuntamiento manifieste su queja formal ante el consulado y el Gobierno venezolano a través del Ministerio de Exteriores.
Los españoles retornados con derecho a una pensión de Venezuela llevan 17 meses sin cobrar, a pesar de que tienen derecho a ello después de haber trabajo y cotizado en el país latinoamericano durante años. El presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Catalunya, Juan Carlos Larrañaga, explicó que hay alrededor de 900 afectados en Catalunya, de los que medio centenar residen en Terrassa. El 80% de los asociados son españoles de origen que emigraron a Venezuela y que, al jubilarse, decidieron regresar aquí. En diciembre de 2015, "sin aviso", el Gobierno venezolano dejó de pagarles, incumpliendo así el convenio bilateral con España y "una ley de obligado cumplimiento" en Venezuela.
"Es un derecho"
"No pedimos caridad, sino nuestro dinero porque lo hemos cotizado", señaló Larrañaga, que explicó la delicada situación que atraviesan miles de pensionistas en nuestro país ya que, en la mayoría de casos, la de Venezuela era la única renta que recibían para vivir. "Es una flagrante vulneración de los Derechos Humanos. Estamos en una situación muy angustiosa. Vivimos de la caridad de las instituciones y de asociaciones como Caritas o Cruz Roja. Esto ha provocado mucha tensión en nuestras familias porque, además, por nuestra edad no podemos trabajar", lamentó Larrañaga, para añadir que tres afectados en España se han suicidado
El concejal de C’s, David Aguinaga, explicó que han decidido hacerse eco de la reclamación de este colectivo tras constatar que el Gobierno de Venezuela "se ha inhibido y no contesta" a las peticiones realizadas por los afectados ni por las instituciones españolas. Los pensionistas han llevado el caso al Congreso, donde se aprobó una proposición no de ley, al Defensor del Pueblo y al Parlament.
