Los siete grupos políticos del pleno aprobaron el jueves que el Ayuntamiento aplique la reciente ley catalana 4/2016 que permite expropiar temporalmente el uso de los pisos vacíos de los bancos para destinarlos al alquiler social.
La intención del equipo de gobierno es expropiar 200 viviendas a lo largo de este año, lo que implicará una inversión de un millón de euros que será cofinanciada por la Generalitat. En este momento hay 881 familias en lista de espera de un piso social.
El consenso político no evitó que la oposición lanzase duras críticas al PSC por haber presentado esta moción cuando podrían aplicar directamente la medida ya que gobiernan la ciudad. "Espero que el motivo no sea la búsqueda del titular fácil", criticó Carme Labòria de ERC-MES, porque "¿si no se hubiese aprobado la moción aplicarían la ley igualmente, no?", preguntó.
La concejal de Vivienda, Lluïsa Melgares, afirmó que con el debate plenario pretendían recabar apoyos para que la aplicación de la norma "tenga el compromiso firme de todos los grupos políticos del Ayuntamiento".
El personal
El concejal de TeC, Xavier Matilla, puso en duda la capacidad del Ayuntamiento para tramitar este tipo de expedientes debido a la "saturación" que sufren los servicios de Urbanismo, un argumento expuesto por el propio equipo de gobierno a la hora de justificar que no se podía aumentar el ritmo de imposición de multas a las entidades financieras con pisos vacíos. Melgares comentó, sin embargo, que a finales del año pasado se reforzó la plantilla de Urbanismo. Además, dijo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento también colaborarán para que Terrassa pueda aplicar cuanto antes la medida.
