Un decreto "chapuza" que "vuelve a beneficiar a la banca en lugar de ponerse del lado de los ciudadanos". Es la valoración del grupo municipal de TeC sobre el decreto que el Gobierno del PP aprobó el viernes, tras consensuarlo con PSOE y C’s, para regular la devolución de los intereses cobrados indebidamente por los bancos en aplicación de las cláusulas suelo.
La formación ha presentado una propuesta de resolución que será debatida en el pleno de mañana para instar al Gobierno a modificar el documento, en forma de proyecto de ley, y pedir al Ayuntamiento que ejerza un papel activo en cuanto al asesoramiento de las personas afectadas. El concejal Xavier Martínez criticó las carencias del decreto y pidió el apoyo de los grupos, especialmente del PSC, "que debe de sentir vergüenza por el aval del PSOE" al documento. Las cláusulas suelo, dijo Martínez, "constituyen una de las mayores estafas cometidas en España en los últimos años",
Uno de los cambios legislativos que propone TeC va en la línea de aplicar medidas de reparación para las familias que han perdido su vivienda como consecuencia del sobrecoste que implicaba abonar la cláusula suelo de sus hipotecas. Otra de las medidas persigue la devolución íntegra de los intereses cobrados de más, "sin quitas de ningún tipo", además de que se garantice la "retroactividad total", es decir, desde el momento en que empezó a aplicarse la cláusula abusiva y que la devolución sea automática en el plazo de una semana. Martínez también reclamó un "trato fiscal" justo de las devoluciones para que no supongan una carga añadida para las familias y que se impulsen medidas "coercitivas y sanciones" para garantizar que los bancos devuelven lo cobrado ilegalmente.
Los comunes también tienen algunas exigencias que hacer al Ayuntamiento, especialmente en lo que se refiere a la comunicación.
Información a los afectados
Proponen que se ofrezcan servicios gratuitos de información y asesoramiento "en la defensa de los derechos de los afectados". Piden que este servicio se ofrezca desde la oficina de intermediación hipotecaria. El Ayuntamiento de Terrassa está haciendo esta tarea desde la oficina municipal de atención al consumidor. También instan al Consistorio a que firme un convenio de colaboración con el Col·legi d’Advocats de Terrassa "que garantice la defensa jurídica de los afectados y la buena praxis de sus colegiados".
Otra de las propuestas de los comunes es que el Ayuntamiento convoque, a través de la oficina del consumidor, una reunión con los directores de los bancos y cajas de ahorro de Terrassa para instarles a que informen adecuadamente a los afectados y faciliten la devolución de la cláusula. A estos encuentros piden que estén invitados todos los grupos municipales, las asociaciones de vecinos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras asociaciones de afectados.
Por último, TeC espera que el Consistorio realice sesiones informativas en todos los distritos sobre cómo recuperar el dinero "estafado" en aplicación de esta cláusula abusiva y que también ponga en marcha una campaña informativa en toda la ciudad.
Los afectados
2 millones. Es el número de personas en España que se calcula que pueden estar afectadas por la ilegalidad de la cláusula suelo.
