Terrassa

El Govern plantea dar chalecos y cámaras a los agentes rurales y ampliar el uso de las armas

La consellera de Agricultura, Meritxell Serret, ha anunciado hoy que se plantean dotar de chalecos y cámaras a los agentes rurales, a los que también formarán en autoprotección, así como aprobar el reglamento de armas, pendiente desde 2003, para que puedan ir armados algunos grupos especializados.
Serret, que hoy se ha reunido durante unas cuatro horas con representantes de los sindicatos y asociaciones profesionales de los Agentes Rurales, ha destacado que, después de que un cazador matara a dos agentes el pasado sábado durante un control en Aspa (Lleida), su objetivo es dar seguridad al cuerpo para que sus efectivos “se sientan seguros y con las herramientas suficientes” cuando va a cumplir un servicio.
De forma inmediata, Agricultura elaborará una instrucción con consejos básicos a los agentes, de cara a los controles de caza previstos para este jueves, en los que se podría aumentar el número de efectivos que integran las patrullas, para que pasen de dos a tres o cuatro.
Paralelamente, la consellería, a través del comité de seguridad y salud, acelerará el plan estratégico para mejorar la seguridad de los agentes rurales, con la adopción de medidas como su formación en autoprotección, dotarles de cámaras de grabación y chalecos de seguridad, así como otras herramientas como aerosoles de autodefensa.
Serret se ha comprometido también a culminar el reglamento de armas en el cuerpo de Agentes Rurales -pendiente de desarrollar desde el año 2003-, tras una “evaluación profunda” y el “asesoramiento de expertos” en el que se plantean poder dotar de armas a “grupos especializados”, como ya ocurre desde hace años con los agentes que efectúan controles nocturnos contra la caza furtiva, los únicos que hasta ahora van armados.
La ley que regula los Agentes Rurales, del año 2003, instaba a desarrollar un reglamento sobre el uso de armas, que aún está pendiente, ya que estipulaba que los agentes rurales tenían derecho a llevar las armas necesarias en el ejercicio de las labores que lo requieran.
Sin embargo, este reglamento sigue aún pendiente y únicamente se ha elaborado desde entonces una instrucción interna que autoriza a los agentes que participaban en controles nocturnos contra la caza furtiva a llevar una carabina.
Serret, que ha anunciado que su departamento se ha personado en la causa contra el cazador que mató a los dos agentes rurales, ha precisado que el reglamento que preparan podría permitir el uso de armas a algunos grupos especializados del cuerpo, más allá de los que controlan la caza furtiva por la noche.
Agricultura ha pedido también la colaboración de la consellería de Interior para que les ayude a desarrollar el reglamento de armas y para que les asesores sobre la formación en autoprotección de los agentes rurales.
Tras la reunión, el presidente de la Asociación Profesional de los Agentes Rurales (ASPRAC), Francesc Coll, ha denunciado la “dejadez” durante los “últimos años de la administración catalana a la hora de mejorar las condiciones de seguridad de los agentes rurales pese a que, según ha afirmado, llevaban tiempo advirtiendo de que recibían “agresiones y amenazas” en sus controles.
En la misma línea, el coordinador de la agrupación de Agentes Rurales de CCOO, Manel Vidal, ha asegurado que en los últimos cuatro años venían denunciando sistemáticamente en cada reunión trimestral del comité de salud laboral que necesitaban medidas de protección por las amenazas y agresiones que sufrían.
“Pedíamos auxilio y no nos hicieron caso. Necesitábamos medidas. Ahora se están adoptando, pero llegan tarde”, ha lamentado.
Por este motivo, ha anunciado que pedirán a la Fiscalía que investigue a los responsables políticos y técnicos del departamento -que no ha concretado- que en los últimos años han desestimado sus demandas de mayor protección asegurándoles que su trabajo “no era de riesgo”.
El cuerpo de Agentes Rurales, que efectúa cada año unos 8.000 controles de caza, está integrado actualmente por unos 480 efectivos, si bien los sindicatos consideran que tendrían que ser como mínimo unos 750, ante lo que la consellera se ha comprometido también a incrementar la plantilla, empezando por la creación de quince nuevas plazas de subinspectores.

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