El Govern, las cuatro diputaciones, el Ayuntamiento de Barcelona y las asociaciones municipalistas presentaron ayer una propuesta consensuada de convenio para que las suministradoras de gas y electricidad se corresponsabilicen en la lucha contra la pobreza energética, como exige la ley 24/015.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que presidió la presentación, remarcó la "alianza" de las administraciones catalanas "para continuar empujando a las empresas suministradoras a cumplir la ley" y "erradicar el riesgo de que colectivos vulnerables se vean privados de servicios básicos".
Para Puigdemont esta propuesta común de convenio es una herramienta resultado de la interpelación que se han hecho a si mismas las administraciones catalanas para buscar soluciones a la situación de pobreza energética y "una interpelación directa a las suministradoras de que cumplan su deber".
Corresponsabilidad
"Todas las administraciones catalanas dicen basta ya. Hay que cumplir con la ley, hay que acabar con la pobreza energética y establecer de una vez por todas la corresponsabilidad de las grandes compañías, que tienen miles de millones de beneficios", asegura la alcaldesa de Barcelona.
Para Ada Colau, que las diferentes administraciones fueran a hablar con las compañías suministradoras de como aplicar la ley 24/2015 aprobada por el Parlament "les daba juego para marear la perdiz e ir poniendo excusas para no cumplir la ley pero a partir de hoy, con un único convenio, ya no hay ninguna duda sobre la interpretación de la ley. A partir de hoy solo discutimos si se cumple o no con la ley 24/2015 y ponemos un modelo sobre la mesa".
Colau ha señalado que las suministradoras, que son "un oligopolio con beneficios multimillonarios y desproporcionados", deberán cubrir el 50 % del gasto que genera la pobreza energética, incluido el que genera a los ayuntamientos.
La propuesta común de convenio de las administraciones catalanas contempla que las empresas suministradoras asuman, mediante tarifas sociales, condonaciones de la deuda o aportaciones económicas directas de la mitad del gasto que genera la pobreza energética, entre otras medidas.
Además de la propuesta de convenio unitario, las administraciones catalanas han acordado un protocolo de actuación para evitar los cortes de suministros básicos.
El conseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, que fue el encargado de dar a conocer la propuesta de convenio, explicó que el año pasado la Generalitat presentó varias propuestas de convenio a las empresas de gas y electricidad "sin que ninguna haya manifestado la voluntad de firmar ", mientras que las de agua sí lo han hecho.
Ahora, la Generalitat presentará la propuesta de convenio unitario a cada una de estas empresas con el objetivo de que "en un máximo de mes y medio" negocien y suscriban convenios y cumplan así la ley catalana de Pobreza Energética.
"No esperaremos eternamente", remarcó Baiget, que se ha mostrado dispuesto a abrir expedientes sancionadores a las eléctricas por no suscribir convenios, como se ha hecho hasta ahora en 75 casos por otros incumplimientos de la ley 24/2015.
