El Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa, herramienta de empoderamiento ciudadano para fiscalizar las cuentas municipales, ha salido al paso del artículo publicado por la patronal Cecot en su web sobre la gestión del agua, coincidiendo con el final de la concesión a Mina. En él, los empresarios acusan al Ayuntamiento de generar incertidumbre entre el sector empresarial con su apuesta por la gestión pública, anuncian que implicará un incremento del precio del agua y cifran los beneficios de la compañía en 500 mil euros.
El Observatori cuestiona esa cantidad y "exige" al gobierno municipal que encargue a una entidad externa una auditoría económica y financiera en la que se valoren "los costes y los beneficios del servicio del agua durante los últimos años, así como el valor económico de las inversiones efectuadas".
La plataforma ciudadana recuerda que en las cuentas de explotación aportadas por Mina al Ayuntamiento en sus memorias para el incremento de tarifas, la empresa reconocía beneficios brutos de 1,7 millones en 2011 y 1,5 millones en 2012. En 2013 descendieron a 616.401 euros, una cifra que el Observatorio considera "incompatible con un reparto razonable de costes" y lamenta que la administración local las haya "aceptado sin un proceso de verificación".
El Observatori entiende que una gestión directa y pública del agua en la ciudad genere incertidumbre entre los inversores, pero afirma que cualquier empresario que haya puesto capital en Mina "debería haber sido informado previamente de que este negocio finalizaba el 9 de diciembre de 2016" y que más allá no habría reparto de dividendos. Sea como fuere, "los 75 años de explotación han permitido acumular un fondo de reversión millonario, precisamente para compensar el final de la concesión", afirma.
Cecot advierte que con incertidumbres como esta, que en su opinión alarma a los inversores, no se podrá resolver el paro en la ciudad, un análisis que el Observatori tacha de "simplista, miope e interesado". Por eso pregunta a la patronal si ha explicado a sus asociados -mecánicos, carniceros, floristas, instaladores, constructores, panaderos, etc- que "los accionistas preferentes (de Mina) cobran dividendos superiores al 50% en las ordinarias y otras retribuciones como dietas(…). Son los que más pueden perder y casualmente son dirigentes de Cecot y Cambra de Comerç, y de la poderosa Agbar, capital 100% francés, Suez".
Con la gestión pública -afirma-, las pymes locales tendrán más posibilidades de ser contratadas. La licitación de obras será obligatoria y abierta a todas las empresas, "cosa que no pasa con el monopolio de Mina". El Observatori concluye que la reacción de Cecot es la de alguien "que no quiere perder los privilegios sobre un servicio público" y reprocha a Mina "su actitud de judicializar cualquier decisión del pleno (…). Demuestra que no es aconsejable contratar según qué empresas privadas".
