Cuatro años de prisión, casi 8.000.000 de euros de multa y, cuando menos, 1.366.586 millones de indemnización a Hacienda. Ésa es la pena reclamada por el fiscal para los tres responsables de una agencia inmobiliaria acusados de un delito contra la Hacienda Pública por impagos de IVA.
La Audiencia Provincial tiene previsto celebrar el juicio el próximo lunes. El Ministerio Fiscal afirma que los tres individuos, miembros de una misma familia, se hicieron con la sociedad inmobiliaria, con domicilio fiscal en Terrassa, en enero del 2010. Y desgrana la actividad supuestamente defraudatoria de los procesados. La acusación asegura que la empresa vendió en el 2010 no menos de treinta viviendas, dos garajes, unas cincuenta plazas de aparcamiento, once trasteros, un edificio plurifamiliar, un par de fincas y un local. Y todo ello, sin hacer declaración del IVA, dice el fiscal: daban a entender a la Agencia Tributaria "que no tenían nada que declarar porque no había habido actividad".
Una vez realizadas todas las operaciones de venta de inmuebles, los dos socios administradores iniciales acordaron con el tercero que éste ostentase el cargo a cambio de alguna compensación económica. En julio del 2010 fue nombrado administrador y a partir de ese momento la sociedad pasó a no tener prácticamente actividad, según el Ministerio Público.
Los acusados "consiguieron adueñarse, en nombre y beneficio de la sociedad y de ellos mismos" de 1.366.586’31 euros correspondientes al IVA del ejercicio 2010, agrega la Fiscalía. En su escrito, considera los hechos constitutivos "de un delito contra la Hacienda Pública" con la agravación "de la especial trascendencia o gravedad de la defraudación".
En realidad, la calificación fiscal incluye a cuatro acusados: los tres presuntos responsables y la propia empresa, llamada a responder con una pena de multa de 2.733.174 euros. Así, las sanciones económicas reclamadas por el Ministerio Público son de 7.733.174 euros (5.000.000 para los procesados y 2.733.174 para la agencia). Las penas de prisión, de cuatro años para cada uno de los inculpados. Y la indemnización a abonar al Estado por el impago: 1.366.586,31 euros más intereses de demora.
