Estamos cansados de tantos recortes. Llevamos seis años haciendo concesiones económicas y laborales por un importe de 43 millones de euros". Este es el estado de ánimo de los trabajadores del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), en palabras del presidente del comité, Xavier Lleonart, quien ayer explicó las jornadas de huelga previstas entre el 23 y el 27 de enero como protesta por los "nuevon recortes" que contempla el plan de empresa elaborado por la dirección del centro y refrendado por el Govern.
La necesidad de realizar un plan de viabilidad se produce después de que las cuentas del CST cerrasen el ejercicio 2015 con cinco millones de pérdidas, lo que viene a sumarse a un delicada situación financiera que viene arrastrando el ente desde hace años con una deuda acumulada de 39 millones de euros. Lleonart afirmó ayer que el plan de empresa llamado a enjugar el déficit, aprobado por el equipo de gobierno local y por el Govern, persigue un ahorro de 700 mil euros (apenas un 0,05% del presupuesto de 150 millones que maneja el CST) que se logra mediante "recortes de derechos laborales". Medidas como la pérdida de las "mínimas ventajas" del pacto firmado en 2015 a cambio de nuevos sacrificios y una reorganización de los horarios del personal, lo que, en definitiva, significa que "trabajaremos más al mismo precio", un "recorte retributivo indirecto", denunció el comité.
"Actividad no pagada"
El plan contiene también un incremento de las aportaciones de la Generalitat al CST, pero los trabajadores denuncian que con estas nuevas partidas el Govern no hace más que "pagar lo que no ha pagado durante años". Lleonart culpa al CatSalut de las pérdidas que arrastra el ente sanitario: "La mayor parte de la deuda que tiene el CST es por actividad realizada y nunca pagada por la Generalitat", criticó. El presidente del comité puso como ejemplo el impago de las analíticas de los CAP’s del Institut Català de la Salut que se hacían en el laboratorio del CST, dando como resultado una deuda de 1,5 millones al año en la última década. Los trabajadores consideran que al CatSalut "ya le estaba bien dejar de pagar actividad e imputarla como déficit del CST", al mismo tiempo que señalaron que "los gestores anteriores nunca tuvieron intención de reclamar este impago de la actividad a la Generalitat".
La plantilla puntualizó así que la situación económica del CST obedece a la dejadez de las instituciones, que han infradotado las necesidades del centro. Al Ayuntamiento también le atribuyen parte de la responsabilidad del estado actual de la corporación sanitaria. No en vano, el Consistorio es propietario del 40% del CST (un 20% a través de la Fundació Sant Llàtzer). La plantilla afea al Ayuntamiento la falta de inversión en el Hospital, un equipamiento en el que participa, y determinados comportamientos que a su juicio han perjudicado al ente sanitario. Por ejemplo, la Fundació Sant Llàtzer (gestionada por el Ayuntamiento) ha tenido el mismo gerente que el CST durante muchos años, "lo que ha provocado que muchos recursos humanos del Consorci se hayan empleado en beneficio de la fundación sin recibir ninguna compensación a cambio". En paralelo, desde el año 2006, como mínimo, la fundación le ha cobrado al CST el alquiler del hospital de Sant Llàtzer; lo que a estas alturas se traduce en un montante "equivalente a los recortes que imponen ahora al personal".
Gran parte de la rueda de prensa del comité se destinó a subrayar el papel ejercido por Generalitat y Ayuntamiento en la crisis económica que padece el Consorci. Los trabajadores tildan de "mentirosos" al alcalde, Jordi Ballart, y al conseller de Salut, Antoni Comín, al haberles prometido incluso públicamente que la solución a la situación que padece el CST en ningún caso pasaba por más recortes laborales.
El martes, reunión
La plantilla, que votó la convocatoria de huelga en asamblea sin voces contrarias, afirmó ayer el comité, se reunirá con la dirección el próximo martes. Sólo están dispuestos a dar marcha atrás si se rehace el plan de empresa, se les garantiza "jurídicamente" que no habrá recortes y les dan respuesta a sus reivindicaciones, como que la dirección les abone las cantidades adeudadas, que mejoren las condiciones en las que se presta la asistencia o que haya un programa de reposición de maquinaria y material sanitario.
