Lo detuvieron en su lugar de trabajo y lo condujeron a los calabozos, donde permaneció en una celda hasta que la policía lo pasó a disposición judicial. Le abrieron diligencias penales por abuso sexual y detención ilegal, pero el caso quedó archivado y fue después la denunciante la que se vio inmersa en un proceso penal por denuncia falsa. Y ha terminado condenada: a una multa de 2.160 euros y a pagar 3.000 euros al hombre al que denunció.
El juzgado de lo penal número 3 de Terrassa abrió el procedimiento en el 2014. En el 2015 juzgó el asunto derivado de la querella interpuesta por el imputado y dictó sentencia condenatoria, imponiendo a la mujer la multa y el pago de 3.000 de indemnización al hombre, al presunto victimario inicial que acabó siendo la víctima, según los tribunales.
Caso archivado
La mujer recurrió esa primera resolución judicial, pero la sección novena de la Audiencia Provincial ratificó el fallo. Sostuvo que en el juicio contra la mujer "se practicó prueba suficiente", como el interrogatorio a la acusada y la declaración del hombre, además del escrito (de enero del 2011) que daba por sobreseído el primer caso, el de los supuestos abusos.
Tras serle notificado el archivo de su causa, el denunciado se convirtió en querellante. Y la Justicia le ha dado la razón. El tribunal argumenta que la acusada, "con conocimiento de que el contenido de su denuncia faltaba a la verdad, imputó al testigo la comisión de unos hechos ciertamente graves, como son los abusos sexuales y la detención ilegal (secuestro"; unos delitos que llevan aparejadas "importantes penas de prisión".
La mujer quiso hacer daño al afectado, según los magistrados. El damnificado sufrió "un grave daño moral". La policía lo apresó en su trabajo y estuvo recluido en el depósito de detenidos hasta su declaración ante el juez, por lo que debe ser resarcido con 3.000 euros.
