El último pleno del año se desarrolló el miércoles en un ambiente pre-navideño. El dictamen más polémico -la votación de la síndica/o- se retiró y la mayoría de propuestas salieron adelante por amplia mayoría o unanimidad. Los grupos, eso sí, tuvieron tiempo para enzarzarse debates sobre la deuda municipal, la laicidad del Ayuntamiento y la quema de banderas.
Una de las propuestas que salió adelante con el apoyo casi unánime del plenario fue la de suprimir la prohibición de jugar a pelota en la vía pública, impulsada por el grupo de ERC-MES. El gobierno no dudó en transaccionar el dictamen y dejar claro que le había tomado la delantera a la oposición. "Ya estamos retirando los prohibidos jugar a pelota y otros prohibidos", anunció la concejal de Ciudadanía, Calidad Democrática y Usos del Tiempo, Mertixell Lluis.
El acuerdo del pleno establece la sustitución de las señales de prohibición por otras que inviten a "Jugar con respeto" y "Jugar juntos", con explicaciones pedagógicas que animen a compartir y respetar el espacio público. Esas recomendaciones surgirán del debate sobre el juego en el espacio público que afrontarán la comisión ciudadana de Convivencia Democrática, los consejos de distrito y el consejo de Infancia y Adolescencia.
"Me parece bien que se dé traslado del tema a la ciudadanía -dijo el portavoz de ERC-MES Isaac Albert-, pero que el gobierno no pierda el liderazgo en un debate como este". El concejal republicano teme que el miedo de ciertos colectivos a la conflictividad que pueda generar del juego con pelota, por eso insistió en la necesidad de "transmitir que el juego no tiene porqué ser un problema para la convivencia".
La moción compromete al gobierno a revisar puntualmente la ordenanza de bases de convivencia democrática, para eliminar las sanciones al juego allí donde no haya una prohibición, y traslada al consejo de la Infancia y la Adolescencia el encargo de buscar espacios para el ocio adolescente.
En este sentido, el portavoz de TeC, Xavier Matilla, propuso abrir el foco del debate, evitar "las restricciones preventivas" y repensar el espacio público desde una mentalidad más abierta. "Se necesitan más espacios para jugar a pelota" en la ciudad donde, citó como ejemplo, un colectivo reivindica una cancha de baloncesto a través de la plataforma charge.org.
A vueltas con la laicidad
A las puertas de la Navidad y con los villancicos del Raval como música de fondo, la propuesta de la CUP para que el alcalde y los concejales dejen de asistir a ceremonias y liturgias de carácter religioso cayó como un jarro de agua fría en la bancada de Ciutadans y el PP. Tampoco gustó al gobierno, a la TeC ni a ERC-MES, que se desmarcaron llevando la moción al fracaso, aunque afrontaron el debate como oportuno.
Los cuperos creen que el alcalde no debería acudir, como hizo, a la misa en la Catedral por la fiesta del Pilar, a la entrega de premios del Concurso Bíblico o a la Fiesta del Rocío de Catalunya, en todos los casos junto al obispo Josep Àngel Saiz Meneses. "En ningún caso negamos las opciones religiosas, pero el ámbito público es el espacio común", defendió la portavoz Maria Sirvent.
Los partidos acusaron a la CUP de "buscar el titular" y el PP fue más allá al calificar la moción de "autoritaria. Nunca podrán prohibirme asistir en libertad a las ceremonias, religiosas o no, de esta ciudad", dijo el concejal Alex Rodríguez. En los mismos términos se expresió David Aguinaga, de Ciutadans: "Igual no podremos ir a la Cabalgata de Reyes, al estreno del Pesebre o a las procesiones de Semana Santa. Ni usted ni nadie decidirá por mí", espetó a la portavoz Maria Sirvent.
De poco sirvieron las argumentaciones de Sirvent negando referencia alguna a la Cabalgata o al Ramadan. Meritxell Lluis, de CiU, defendió el perfil multiconfesional de la ciudad donde, dijo, "la laicidad del Ayuntamiento no es asepsia del espacio público y no está reñida con la tradición".
Más cerca de la CUP, ERC compartió su exposición de motivos pero no apoyó la moción, mientras TeC, que coincide con los cuperos en la reflexión sobre "el predominio de la iglesia católica", rechaza que los antisistema "confundan creencia religiosa con la institución".
El viejo Palau de Justícia
El pleno de diciembre también abordó cuestiones como la petición de los ayuntamientos de poder reinvertir el superávit y la propuesta popular de buscar actividades para el antiguo edificio de los Juzgados de Terrassa, en la Rambla d’Egara. Además, salió adelante el dictamen de Terassa en Comú para ampliar a tres oficinas de atención ciudadana la expedición de certificados digitales de la familia idCAT, y hacerlo extensivo al resto en el futuro.
En el debate sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a los ayuntamientos, la administración más saneada, a destinar buena parte de su superávit a amortizar deuda, el PP y Ciutadans se abstuvieron. "Lleven el tema al Congreso, ahora que son decisivos", espetó el edil Alex Rodríguez.
El gobierno y la oposición de izquierdas sí se sumaron a la iniciativa de los municipios catalanes y españoles, que piden al Ejecutivo de Mariano Rajoy más autonomía para poder destinar el superávit a gastos corrientes e inversiones. Xavier Matilla recordó que los ayuntamientos acumulan sólo el 3% de la deuda y ERC pidió al gobierno "valor para desobedecer".
Durante el debate, C’s volvió a reprochar al ejecutivo de Jordi Ballart la deuda acumulada en vivienda, gesto que le valió una encendida réplica del teniente de alcalde de Servicios Económicos. "Esta administración no tiene déficit y lo sabe -le dijo Alfredo Vega-. Estamos pagando mil viviendas que ocupan familias que lo necesitan. ¿Las echarían?".
Miembros de la CUP y la portavoz del grupo municipal, Maria Sirvent, rompieron el miércoles fotos del Rey en el pleno en solidaridad con los cinco encausados por quemar imágenes del monarca. La acción tuvo lugar mientras se debatía la moción de la formación antisistema en la que se pedía al Ayuntamiento que se posicionara sobre el tema. El dictamen de los cuperos se aprobó parcialmente. El gobierno y la oposoción de izquierdas mostraron su solidaridad con los acivistas acusados por la Audiencia Nacional y defendieron que la quema de fotografías no sea delito. No dieron respaldo, sin embargo, a la propuesta de ignorar la autoridad de los tribunales españoles y tampoco quisieron condenar la actuación de los Mossos d’Esquadra ni pedir la dimisión del conseller de Interior, Jordi Jané. Durante el debate, Ciutadans tachó la acción de "chow", mientras el edil de ERC Carles Caballero aprovechaba la oportunidad para confesar que de joven "también quemé fotos del rey, banderas y otros" y de paso agradecer "al independentismo combativo" de la CUP su apoyo a los presupustos autonómicos.
