La elección de la persona que ocupará la Sindicatura de Gruges de Terrassa ha quedado aplazada. El alcalde Jordi Ballart decidió ayer, horas antes del pleno, retirar el dictamen y posponer la votación con el objetivo de recuperar el consenso perdido, tras un polémico proceso participativo con votos delegados, abandonos de candidaturas, críticas al dispositivo de apoyos y división política.
Ballart respondía así a la petición formulada desde la oposición municipal, que había solicitado la retirada de la propuesta de resolución y la revisión del proceso. El dictámen del síndico/a estaba condenado al fracaso en el pleno, donde el rechazo al dictamen era mayoría y el bipartito no había logrado sumar las tres quintas partes necesarias para la elección del síndic en primera vuelta.
Ballart ha decidido retirar el dictámen con "el objetivo de evitar que se genere división en torno a la figura de la Sindicatura y velar por preservar la institución, frente a las dudas que el proceso de participación ciudadana ha generado". La elección queda pospuesta a una futura sesión plenaria que no se ha determinado.
El proceso no se anula
El alcalde iniciará ahora una ronda de contactos que en primer lugar le llevará a reunirse con los ocho candidatos a Síndic de Greuges de Terrassa. Ballart quiere escuchar "de primera mano" su valoración del proceso participativo llevado a cabo este otoño. La mayoría de ellos ya se pronunciaron en la última comisión municipal de Transparencia, donde criticaron duramente el mecanismo de voto presencial y telemàtico, por las dificultades de acceso y su vulnerabilidad, permitiendo el voto delegado. Dos candidatas admitieron haber tramitado apoyos de conocidos y familiares tras consultarlo, dijeron, con el Ayuntamiento.
Ballart quiere escuchar personalmente a los candidatos y , posteriormente, se reunirá con los grupos municipales. El objetivo es explorar una via de consenso, ya que la elección definitiva del síndic/a recae en el pleno.
La retirada del dictamen "no implica en ningún caso la anulación del proceso". El gobierno insiste en que "no se ha cometido ninguna irregularidad y no se ha registrado ninguna denuncia".
