Aunque no era el administrador de la sociedad, tenía amplios poderes en aquella escuela de cocina que causó furor en Terrassa a partir del año 2000. Él "llevaba las cuentas" con autonomía y en él confiaba el jefe, hasta que el agujero financiero en los balances se volvió un socavón y los socios se llevaron las manos a la cabeza. Una auditoría reveló el presunto desfalco, sobre todo en lo concerniente al continuado uso fraudulento de dos tarjetas bancarias. El Ministerio Fiscal acusa al trabajador de lucrarse con dinero de la empresa, de apropiarse de 158.322,46 euros, y pide que sea condenado a una pena de nueve meses de prisión, a una multa de 1.200 euros y a devolver el dinero defraudado a los responsables de la escuela de cocina.
La pena reclamada podía ser más alta, pero el fiscal admite que el proceso estuvo plagado de demoras y considera que se debe aplicar una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
La Audiencia Provincial ha señalado el juicio para el próximo lunes. Habrán transcurrido más de seis años desde la interposición de la querella, que presentaron los perjudicados en otoño del 2010 y que dio lugar al proceso. Según el escrito del Ministerio Fiscal, el acusado, en el periodo comprendido entre enero del 2000 y junio del 2009, "tuvo la triple condición de socio, apoderado y trabajador" de la firma, una escuela de enseñanza no reglada en el sector de la cultura gastronómica con sede en una calle del Centre. La empresa se había constituido poco antes, en junio de 1999, por iniciativa del socio mayoritario a la par que administrador único y director general, que no era el imputado. Había dos mujeres que figuraban también como socias y trabajadoras.
Un socio más
El 20 de enero del 2000, el administrador único otorgó al acusado, persona de su confianza, "un amplio poder mercantil" para que, juntos, llevasen la dirección del negocio: la compra y la venta, las operaciones bancarias, las representaciones de la firma. El 24 de marzo del 2000 la empresa amplió su capital y el acusado pasó a ser un socio más, con el 16,6 por ciento de las participaciones. A partir de mayo de ese mismo año, el luego procesado fue trabajador con categoría profesional de auxiliar administrativo, primero con contratos temporales y luego con uno indefinido.
Era él, sin embargo, "quien se ocupaba en exclusiva de organizar y ejecutar las tareas administrativas relacionadas con la facturación y la contabilidad", dice el fiscal. Y era él quien hacía los cobros y los pagos por cuenta de la escuela. En definitiva, agrega el Ministerio Público, el acusado llevaba "las cuentas" de la actividad económica del centro. Aunque el jefe podía supervisarlas y controlarlas, se dedicaba casi exclusivamente a la dirección comercial y "solía dar por buena y correcta, sin más, la información contable-financiera que periódicamente le pasaba el acusado".
El incriminado no sólo tenía amplios poderes de decisión. También disponía de dos tarjetas de crédito asociadas a cuentas bancarias de la empresa.
El procesado decidió lucrarse a costa de la sociedad mercantil, asegura el fiscal, mediante la fraudulenta utilización en su beneficio de las dos tarjetas. Lo hizo desde el principio y hasta junio del 2009, cuando se descubrió el pastel. En ese momento, "la absoluta falta de liquidez alarmó a los restantes socios", que encargaron a una consultoría una revisión de las cuentas. Y la auditoría no sólo puso de manifiesto el presunto uso fraudulento de las tarjetas, "sino también diversas irregularidades contables y múltiples desajustes en los apuntes bancarios", señala el escrito de la acusación pública.
El desorden reinaba en las cuentas, pero no queda probado que ese descontrol obedeciese a actos de apropiación por parte del acusado. Sí queda probado, según la acusación, que se hizo con mucho dinero a través de las tarjetas, sobre todo con reintegros de efectivo entre enero del 2001 y junio del 2009. También se registraron cargos en restaurantes (casi 11.000 euros), viajes (una cifra similar), repostajes de gasolina (7.102 euros), reparaciones en coches propios (2.858 euros), salidas nocturnas (1.573 euros) e incluso la práctica del golf (1.318 euros).
Año a año
El desglose del desfalco por años manejado por el fiscal demuestra que las apropiaciones fueron creciendo poco a poco, partiendo de 651 euros en el 2001 y pasando a 1.058 euros en el 2002, a 3.578 en el año siguiente y a 12.797 en el 2004.
Rozó los 15.000 euros en el 2005 y duplicó esa cantidad en el ejercicio siguiente. En los dos últimos años completos, el 2007 y el 2008, las supuestas apropiaciones fueron de 47.615 y 37.566 euros, respectivamente. No llegaron a 9.000 en el 2009, cuando saltó el escándalo en el mes de junio.
Al acusado le fueron revocados los poderes en julio del 2009. Dos meses después la vinculación laboral con la firma acabó, pues el querellado fue despedido "por motivos disciplinarios", recuerda el fiscal.
