El presidente de Mina, Aigües de Terrassa, Marià Galí, reflexiona sobre el futuro de la compañía en el momento en que expira el contrato de concesión firmado en 1941. La empresa llega al final de su concesión en plena batalla judicial y con un Ayuntamiento dispuesto a municipalizar la gestión.
La mayoría del pleno apuesta por dejar atrás el modelo de gestión privada y municipalizar el servicio del agua. ¿Cree que le queda a Mina alguna posibilidad de continuar gestionando el suministro en la ciudad?
La decisión definitiva sobre la forma de gestión no se ha tomado. Faltan informes económicos, de viabilidad, la votación en el pleno y el trámite de la Autoritat Catalana de la Competencia. Ademas, creo que aún podemos agotar todas las posiblidades de un acuerdo.
¿Que posibilidades?
Hemos propuesto constituir una empresa mixta, sin concurso.
Pero el Ayuntamiento ya ha dicho que no. Y la Ley de Racionalización de la Administración Local no lo permite. Una adjudicación directa sería prevaricación.
No. La figura es legal, pero debe estar justificada. De todos modos insisto, estamos dispuestos a explorar cualquier otra vía.
¿Puede ser más concreto?
Vamos a plantearle un acuerdo al Ayuntamiento. Estamos estudiando dos o tres alternativas y es posible que alguna sea a corto plazo y otras algo más adelante. Hay margen, no mucho, pero lo hay. Ahora lo que pedimos es predisposición. No puede ser que lancemos propuestas y ni se nos escuche. Reclamamos diálogo, porque hace meses que no hay una fórmula estable de negociación con el Ayuntamiento. La administración está en su derecho de optar por la gestión pública, pero debe tener en consideración que hay una historia, unos derechos y unos bienes que debe respetar. Insisto en que hay margen y confío en que después de la tormenta venga la calma.
CiU ha votado hasta ahora con su socio de gobierno, el PSC, incluso en el rechazo a los últimos recursos de Mina. ¿Les ha sorprendido?
Sorpresa no sería la palabra. En realidad no me convence. No podemos perder de vista que con un gobierno en minoría hay que hacer equilibrios. Cuando haya que decidir sobre el modelo de gestión, ya veremos donde está cada uno.
Mina ha llevado al contencioso el nombramiento del comisionado, la prórroga y el expediente de reversión. ¿Espera que los tribunales se acaben imponiendo a la decisión del pleno?
Confiamos en ello, Estamos muy bien asesorados y nos dicen que muchos de los pasos que hace el Ayuntamiento no son ajustados a derecho. Le pongo un ejemplo. Recientemente hemos conocido una sentencia sobre una remunicipalización en el pueblo de Torrefarrusa, donde un tribunal ha revocado un acto administrativo por vulnerar derechos privados. Es algo que puede pasar también en Terrassa.
En plena guerra de las multinacionales por el negocio del agua, ¿Cómo ha condicionado Agbar el proceso en Terrassa?
Niego rotundamente que haya sido así. Agbar aportó hace 40 años pozos de su propiedad en un momento que Terrassa sufría restricciones y Mina necesitaba refinanciarse. Agbar ha estado con Mina en todo, ha sido un socio fiel y ha contribuido al crecimiento de Mina y de la ciudad. Y más tarde, cuando el Ayuntamiento quiso vender sus acciones, Agbar, junto a miembros del consejo de administración y otros accionistas, compró la participación municipal.
La judicialización del proceso ha contribuido a enrarecer las relaciones con el Ayuntamiento.
Y el exceso de verbalismo, un posicionamiento ideológico radicalizado, sin tener en absoluto en consideración lo que ha hecho Mina por la ciudad. Nosotros nos podemos haber equivocado en alguna decisión, pero el tiempo nos da la razón en cuestiones como el nombramiento de Joan Gaya como Comisionado del Agua. Dijimos que no era neutral y ahí están las pruebas. Se ha manifestado abiertamente a favor de gestión pública incluso en conferencias. Personalmente sólo hablé con él en una ocasión y convenimos en dejar el pasado y mirar de colaborar por el bien de la ciudad. Al día siguiente nos envió un requerimiento que no obedecía al acuerdo suscrito.
¿Por qué cuestionan la capacidad del Ayuntamiento de gestionar de forma sostenible el agua en la ciudad?
Para gestionar un servicio como este se necesitan profesionales con experiencia. Los hay públicos, y grandes profesionales, pero también privados que llevan haciéndolo años, con igual o mayor profesionalidad. Improvisar un servicio de aguas no es lo más procedente. Además, hay un criterio de organización empresarial, de mejora continua, de nuevos proyectos, de investigación e innovación que requiere de una dirección coherente.
Mina advierte que las tarifas pueden subir con una gestión pública, cuando el nuevo gestor, por ejemplo, se ahorraría los beneficios de la compañía. ¿En qué se basan para decir que la tarifa se encarecerá?
Le doy un dato. El Ayuntamiento se subrogaría la plantilla de Mina y nuestro convenio colectivo marca una jornada de 1.750 horas anuales, frente al municipal que es de 1.550 horas. Ese es un sobrecoste importante y hay otro mayor que revelaremos cuando corresponda.
¿Por qué no lo explica ahora?
Lo haremos más adelante, cuando sea el momento. Que subirán las tarifas está claro, quizá no el primer año, pero subirán.
¿Sigue defendiendo que la titularidad del agua no es pública y que el Ayuntamiento debe restablecer la municipalidad del servicio?
Nunca hemos negado la competencia del Ayuntamiento para ordenar y organizar el servicio. Pero decimos que deben expropiar una parte de las instalaciones anteriores al contrato de 1941, más algunas que hemos adquirido, junto a los equipos especiales que sirven para varios municipios y son privados. Y decimos adicionalmente que si el Ayuntamiento quiere municipalizar el servicio en todo el término municipal, primero debe municipalizar todas las instalaciones, previa expropiación en justiprecio de lo que no contemplaba el contrato de 1941. Porque en el expediente de reversión, el Ayuntamiento coge lo que le interesa.
¿Cómo están las relaciones con el alcalde, Jordi Ballart, después que denunciara ser víctima de presiones y coacciones?
Personalmente son perfectas, pero institucionalmente hace mucho tiempo que no existen. Sobre la denuncia, el tema está zanjado. Pero yo me pregunto qué alcalde no recibe presiones. O es que no lo son que determinados colectivos acudan al pleno y se manifiesten, aunque sea de forma legítima claro. ¿Eso no son presiones? Mina jamás ha hecho chantaje, coacciones o amenazas.
Finalmente no habrá consulta sobre el modelo de gestión del agua. ¿Qué cree que opinan los terrassenses?
Yo, como ciudadano, apostaría por una empresa mixta con supervisión pública. ¿En la calle?, creo que el tema del agua no preocupa a la ciudadanía.
Personalmente, ¿esperaba que esto acabará así?
Sinceramente no. Pero bueno, es que esto no ha acabado ¿eh?…
