El bipartito está pendiente de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 para ultimar su propio proyecto de cuentas locales. Sin datos certeros sobre cuánto se podrá gastar la corporación local o sobre la flexibilización del destino del superávit, ahora predeterminado, no se atreve a cerrar los números que marcarán el gasto del Ayuntamiento en 2017. Ante esta situación, el equipo de gobierno ha decidido posponer el pleno de aprobación de los presupuestos, previsto para el próximo 21 de diciembre, a mitad de enero, cuando espera disponer ya de todo los datos.
La ciudad no tendrá nuevos presupuestos hasta febrero del próximo año. No es la primera vez que el Ejecutivo local prorroga las cuentas de un año para otro durante unos pocos meses. Esta vez será necesario volverlo a hacer ya que el equipo de gobierno se ve incapaz de disponer de un documento cerrado y negociado para dentro de dos semanas, cuando estaba previsto aprobar las cuentas en pleno. De hecho, este calendario inicial hubiese implicado contar ya con el proyecto de presupuestos, y ni siquiera han empezado las negociaciones formales con los grupos de la oposición, necesarios para sacar adelante el dictamen.
El teniente de alcalde de Servicios Generales y Gobierno Abierto, Alfredo Vega, explica que esperaban más concreciones del último Consejo de Ministros, pero que las incertidumbres económicas pesan demasiado como para tener lista una propuesta de forma inminente. “Tenemos que hacer un presupuesto lo más realista posible, y en las condiciones actuales eso no es posible. Por eso hemos decidido esperar hasta la segunda quincena de enero. En este tiempo esperamos tener más datos y negociar con la oposición”. Son palabras de Vega, quien estima que de cumplirse los plazos previstos, la ciudad tendrá presupuestos nuevos en febrero (tras la aprobación inicial de enero hay que esperar quince días de exposición pública del documento por si hay alegaciones).
El edil sostiene, lo viene haciendo desde hace meses, que persisten incógnitas sobre cuestiones económicas de calado que le impiden cerrar las cuentas locales. La primera de ellas y más importante es el techo de gasto, concretado a través de la polémica regla del gasto, que determina el incremento máximo del presupuesto y que, de hecho, supone un límite al crecimiento ya que es posible que una Administración no pueda disponer de todo lo que pretende ingresar.
El destino del superávit
El segundo condicionante de los presupuestos locales, relacionado con el techo de gasto, son las inversiones financieramente sostenibles (IFS), una figura creada a raíz de las estrictas normas de austeridad. Se trata del tipo de inversiones al que los ayuntamientos pueden destinar el superávit. Pero no vale todo. Las obras deben poder ejecutarse en una única anualidad y no deben implicar la consolidación de nuevos gastos corrientes (por ejemplo, no podrían construirse nuevos equipamientos cívicos). En este momento, el superávit de las corporaciones locales sólo puede destinarse a este tipo de inversiones o a amortizar préstamos para rebajar la deuda.
Pero estas limitaciones podrían flexibilizarse. Esto es lo que pretende la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP) y el propio Ayuntamiento de Terrassa. De momento, se ha constituido una comisión, con presencia del Gobierno y del mundo local, para estudiar una nueva fórmula a la hora de establecer el techo de gasto y ampliar las posibilidades de reinversión del superávit.
Vega confía en que este grupo de trabajo consiga aumentar el abanico de opciones a la hora de destinar los ahorros. Que el dinero no deba ir únicamente a determinadas inversiones, sino también a dotar mejor los servicios. Los municipios recuerdan que la cifra que está en juego no es baladí, entre cuatro y cinco mil millones de euros de superávit (15 millones en el caso de Terrassa) que los ayuntamientos querrían invertir en políticas sociales y de empleo.
El tercero de los condicionantes que está retrasando la elaboración de los presupuestos municipales es la incertidumbre sobre el dinero que llegará procedente de la participación en los ingresos del Estado (PIE). Se desconoce aún la partida, aunque se espera que sea mayor que la de este año.
Por último, tampoco hay noticias certeras sobre si el Gobierno permitirá un incremento salarial en la plantilla de funcionarios. El impacto en las cuentas de una medida de este tipo es remarcable. Únicamente una subida del 1% implicaría un gasto de un millón de euros en el caso de Terrassa.
Reuniones con la oposición
Con todas estas dudas, el bipartito se ve incapaz de elaborar un proyecto de presupuestos. Otros ayuntamientos, como Sabadell, Sant Cugat, Barcelona o Madrid, sí lo han hecho. Por este motivo, Vega ha pospuesto a enero la aprobación de las cuentas. Sin embargo, el tiempo apremia, por lo que el concejal afirma que la próxima semana ya dispondrá de números más concretos. “Ya estamos trabajando en una hipótesis más o menos definitiva”, asegura. Los grupos de la oposición ya tienen un documento con las previsiones del equipo de gobierno. De hecho, el edil se ha reunido con todos ellos por separado para explicarles sus prioridades. Esta próxima semana se verá de nuevo con todos, pero esta vez, con nuevos datos y con intención de recabar apoyos. Aún no hay aliados confirmados, asegura Vega. Se verá con todos, como es costumbre en él, para conocer sus peticiones y sus disponibilidad a apoyar las cuentas. La idea es que el próximo día 21, cuando está previsto aprobar definitivamente las ordenanzas fiscales (para lo que necesita, de nuevo, la abstención de TeC, ERC-MES y la CUP) ya haya un documento definitivo.
