La presión que el Ayuntamiento lleva ejerciendo sobre los bancos desde finales de 2013 está dando sus frutos. Las multas a las entidades financieras que mantienen sus pisos vacíos ha forzado la apertura de nuevas vías de diálogo con algunos de estos bancos, entre ellos, Caixabank, con quien el Ayuntamiento acaba de firmar un convenio de colaboración para la puesta en alquiler social de una treintena de viviendas.
De momento, el Consistorio podrá contar con doce pisos de la entidad financiera, aunque el compromiso es llegar a un máximo de 32. De la docena de inmuebles que podrán arrendarse a familias necesitadas, seis están completamente vacíos y otros seis ya cuentan con ocupantes de manera irregular. La intención de la concejal de Vivienda, Lluïsa Melgares, es regularizar la situación de estas familias, a quienes llama "precaristas" por vivir en esta fragilidad constante "con el consentimiento tácito" de los bancos. Aunque la idea es que no tengan que moverse del piso en el que ya residen, la edil recuerda que para acceder a este alquiler social, los ocupantes "deben llevar más de tres años en Terrassa, estar en situación de vulnerabilidad económica y ser respetuosos con el resto de los vecinos".
Serán los servicios sociales municipales, a través de la bolsa de alquiler social, los que designen a las familias beneficiarias de estos alquileres. La entidad estará obligada a aceptar el contrato de arrendamiento con las personas propuestas por el Ayuntamiento. En el caso de los pisos vacíos, se pagará un alquiler mensual de 150 euros. En los ocupados que se regularicen se cobrarán 75 euros al mes.
El acuerdo firmado, que fue aprobado en el pleno a finales de noviembre, contempla que los pisos cedidos a la bolsa de alquiler social lo estarán durante seis años, aunque este plazo se podrá prorrogar. Todos los partidos votaron a favor, excepto la CUP, que se abstuvo porque considera que los acuerdos podrían haber sido más concretos.
Las reformas las paga el banco
Melgares destaca como una victoria las obligaciones que han conseguido que asuma Caixabank. Al contrario de lo que sucede en convenios similares firmados entre bancos y la Generalitat, de los gastos de mantenimiento y gestión que se deriven del alquiler se encargará la entidad financiera. También de las reformas que sea necesario realizar en los pisos para adecuarlos y dotarlos de unas mínimas condiciones de habitabilidad.
Muchos de ellos, comenta la edil, llevan vacíos muchos años y "están en un estado ruinoso". "Me niego a pagar la reforma de sus viviendas. Hacerlo sería como un segundo rescate a los bancos", subraya. El de Terrassa, afirma Melgares, es un acuerdo "más ambicioso" que el firmado con la Generalitat de Catalunya.
El convenio y el diálogo abierto hasta ahora no condiciona la vía sancionadora emprendida por el Ayuntamiento en 2013. Esta es, precisamente, una de las preocupaciones del concejal de TeC Xavi Martínez: "Pedimos que estos acuerdos no aflojen las multas coercitivas que se están imponiendo". La concejal Melgares explicó que se han dado de plazo seis meses para que una comisión de seguimiento, formada por trabajadores de ambas partes, estudie la situación en la que se encuentran las viviendas que son propiedad de Caixabank en la ciudad, especialmente los 249 pisos que constan desocupados. "Todos aquellos que incumplan la ley, tendrán expediente sancionador", afirma la edil.
Expedientes
De momento, de los 27 expedientes abiertos por pisos vacíos, el Ayuntamiento ha archivado diecinueve porque el banco ha demostrado que están ocupados o han sido vendidos. Los otros ocho son inmuebles que se encuentran en estado ruinoso para poder albergar inquilinos o venderse. En estos casos la comisión mixta propondrá las acciones pertinentes para restaurar sus condiciones de habitabilidad.
