Representantes de la comunidad educativa de Terrassa piden a la conselleria d’ Ensenyament que tome medidas más eficaces para frenar los guetos escolares en Terrassa. Los mismos representantes proponen al departamento que revise y cambie el decreto de admisión, el que regula la preinscripción y la matrícula, para que el mismo dé suficientes garantías para reequilibrar la diversidad que hay en las aulas y revertir la situación.
Entre las propuestas citan una redistribución más justa que podría pasar por flexibilizar las zonas escolares; ampliar el número de plazas con necesidades educativas específicas en las concertadas y que estas cumplan con la cuota asignada; ofrecer más recursos para la corresponsabilidad; igualar los criterios y los plazos para cerrar líneas en pública y concertada; promocionar los proyectos en centros de alta complejidad y dotarlos del personal interdisciplinaria necesario.
La demanda, que no es nueva, se hizo en la presentación en el centro cívico President Macià del informe sobre la segregación escolar en Catalunya del Síndic de Greuges, el cual concluyó que Terrassa es la ciudad de Catalunya con más discriminación. Y, en este sentido, un dato a retener: la mayoría de centros de primaria y secundaria pública escolarizan más del cincuenta por ciento de alumnado extranjero y algunos de ellos llegan incluso a un 82 por ciento.
La exposición estuvo a cargo de Bernat Albaigés, asesor de la sindicatura y reunió a unas cincuenta personas, entre ellas a a la concejal de Educación, Rosa Maria Ribera. La presentación del informe discurrió por las conclusiones más destacadas que ya se divulgaron en el mes de julio pasado y con reacciones de responsables de los sectores educativos, del Ayuntamiento, de la conselleria d’ Ensenyament y de los propios autores. Este acto, pues, tenía el objetivo de acercar el informe al territorio y, lo más importante, abrir el debate entre los diferentes implicados. Y fue, precisamente, el tramo final el que despertó mayor interés. Hubo varias intervenciones, la mayoría de las cuales desde el sector de maestros y profesores, también el más presente aunque poco si se tiene en cuenta que el asunto bien lo merecía.
Todas ellas coincidieron en que si la realidad escolar de Terrassa es la que es, se debe a que la administración, principalmente la conselleria d’ Ensenyament que es la gestora, no ha hecho nada para remediarlo, dando prioridad siempre a las familias en las opciones solicitadas. Y, al respecto, hubo intervenciones que recordaron que el estudio del Síndic de Greuges sólo constataba lo que era un secreto a voces de hace más de una década.
Alertas
Porque centros como la Escola Font de l’ Alba ya había alertado en 2003 (hace pues trece años), que había una red de escuelas públicas como era su caso que acogían a un buen número de alumnos inmigrantes. En secundaria, el Institut Blanxart también visualizó tiempo después signos de advertencia sobre el mismo tema.
Un padre, de origen marroquí, se sumó a lo expuesto. Dijo comprender que las familias autóctonas no quieran llevar a sus hijos a escuelas con muchos inmigrantes pero valoró que eso no era bueno para la equidad". El padre consideró que "ha faltado y falta voluntad política para solventarlo".
