Máxima ambición en la ley de protección del derecho a la vivienda, con una mayor dotación presupuestaria, y coordinación con los ayuntamientos. Ésos fueron los principales ejes reivindicativos expresados por los alcaldes de Terrassa, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell y Santa Coloma de Gramenet tras la reunión que celebraron ayer en la capital catalana para analizar la norma en ciernes.
Los primeros ediles de las seis ciudades más habitadas de la región metropolitana, todas con más de 100.000 empadronados, reclamaron que la futura ley de medidas de protección del derecho a la vivienda disponga de más presupuesto del previsto, cifrado en 14 millones de euros y calificado de exiguo. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, indicó que para hacer frente al drama de los desahucios hace falta la máxima ambición política del Govern y del Parlament, así como "los máximos esfuerzos presupuestarios y de coordinación con el mundo local".
El alcalde terrassense, según la agencia EFE, reclamó que la ley catalana regule el alquiler de los pisos ocupados y acabe con la negativa de las grandes entidades financieras a formalizar contratos de alquiler a los "ocupas".
Los seis alcaldes comparecieron ante los medios de comunicación en una rueda de prensa después de la reunión, que mantuvieron en el Consistorio barcelonés. Los dirigentes municipales pidieron a los grupos parlamentarios que hagan suyas las enmiendas a la ley que presentaron los ayuntamientos y que no se aceptaron en el trámite inicial en la cámara catalana.
El debate del texto legal entrará el próximo lunes en su trámite final en el parlamento autonómico, con la previsión de que la norma se apruebe en enero.
La oportunidad
La anfitriona de la reunión, Ada Colau, alcalde de Barcelona, solicitó a los parlamentarios que aprovechen "la oportunidad de esta ley para ir a máximos y no a mínimos" y que "tengan en cuenta la voz de los ayuntamientos".
Núria Parlon, máxima autoridad de Santa Coloma de Gramenet, aseguró que las corporaciones locales están "al límite" y advirtió de que la moratoria de dos años en el pago de la hipoteca está llegando al final para muchas personas.
Los 14 millones de euros de presupuesto, aportados al alimón, al 50 por ciento, por la Generalitat de Catalunya y las administraciones locales, son "insuficientes" a juicio de Parlon. Juli Fernández, edil de Sabadell, subrayó que la ley debe "igualar la dignidad" y también demandó "el máximo de recursos para poder hacerla posible".
