Mina Pública, Aigues de Terrassa, vetó el pasado día 21 de noviembre la entrada a una comisión técnica municipal a sus instalaciones y el gesto, sin precedentes en la relación entre la concesionaria y la administración titular del servicio, ha indignado al Ayuntamiento de Terrassa, que ha puesto el tema en manos de sus servicios jurídicos y no descarta la vía judicial.
Mina explica que su negativa respondió a la necesidad de preservar la información concerniente a otros clientes y también las actividades privadas de la compañía.
Según la concesionaria, la comisión técnica municipal solicitó acceder al "hardware" y el "software" del servicio, también "a otros equipamientos del laboratorio y a otros bienes afectos al servicio de abastecimiento de poblaciones como Viladecavalls, Ullastrell, Vacarisses y Rellinars". Además, la comisión habría pedido tener acceso también a "actividades privadas de Mina", siempre según la compañía.
Escalada de tensión
El episodio se saldó el lunes 21 de noviembre con el rechazo de Mina a que la delegación municipal accediera a las instalaciones y el consiguiente enfado por parte de la administración local. El gesto se suma, además, "a la reiterada negativa a facilitar también otras informaciones necesarias para garantizar la prestación del servicio, como la información detallada de la plantilla y de los usuarios", argumentaba la semana pasada el Ayuntamiento.
La escalada de tensión entre la administración pública y la concesionaria se ha disparado a pocos días de que expire el contrato suscrito en 1941, por el que Mina asumía la gestión del abastecimiento de agua en la ciudad durante 75 años.
El próximo día 9 de diciembre vence la concesión en Terrassa y el Ayuntamiento ha aprobado una prórroga forzosa que obliga a Aigues de Terrassa a continuar prestando el servicio 6 meses más. Durante ese periodo, la administración debe cerrar la liquidación con la concesionaria y definir el nuevo modelo de gestión del agua en Terrassa.
El Consistorio ha encargado un informe sobre la viabilidad de las tres alternativas de gestión -pública, privada o mixta-, que servirá de referente para la elección del nuevo modelo. La decisión final la tomará el pleno, donde 20 de los 27 concejales ya se han manifestado a favor de que el Ayuntamiento asuma la gestión directa del servicio.
Al margen del proceso de decisión política, la liquidación de la concesión sigue su curso. El Consistorio ha convocado un pleno extraordinario para mañana en el que se votará el acuerdo definitivo sobre los bienes que deben revertir al final del contrato de concesión.
El expediente de reversión de bienes pasó el trámite inicial del pleno el pasado mes de octubre y Mina presentó recurso de reposición al discrepar con el listado de bienes revertibles. La empresa y el Ayuntamiento también discrepan sobre el importe de esa liquidación, que el gobierno municipal cifra por debajo de los 2 millones de euros, mientras la compañía estima en 60 millones.
Mina también ha recurrido administrativamente la prórroga forzosa y el peno de mañana desestimará ambos recursos. El gesto abrirá con toda probabilidad la puerta a la vía contenciosa por parte de la concesionaria.
