No hay día sin batalla en la guerra del agua que se ha desatado en Terrassa en los últimos meses. Después de la advertencia de la empresa de denunciar al alcalde, Jordi Ballart, por afirmar que había sufrido extorsiones y chantajes, el accidentado proceso de liquidación de la concesión del servicio a Mina Pública vivió ayer un nuevo episodio. El Ayuntamiento anunció que se plantea presentar una demanda contra la empresa de suministro para que permita el acceso a técnicos municipales en las instalaciones de abastecimiento.
“Los servicios jurídicos están estudiando las diferentes vías de que dispone el Ayuntamiento, incluida la vía judicial”, indicó ayer el gobierno municipal en un comunicado que recuerda los “impedimentos” con que se está topando el Consistorio. Resalta, además de los litigios interpuestos por la empresa contra la liquidación, “la negativa a facilitar la información técnica y al acceso para inspeccionar instalaciones del servicio de abastecimiento de agua”. Estos hechos “se suman a la reiterada negativa a facilitar también otras informaciones necesarias para garantizar la prestación del servicio, como la información detallada de la plantilla y de los usuarios”. El gobierno municipal se ampara en informes jurídicos internos y externos para fundamentar su convicción de que es el titular del servicio de agua y ha impulsado un debate público sobre el modelo de gestión. Y sigue adelante con los informes para tomar la decisión sobre ese modelo, resolución que piensa adoptar en la primavera del 2017.
El proceso de liquidación de la concesión, otorgada a Mina Pública hace 75 años, prosigue. Un pleno municipal extraordinario, convocado para el 1 de diciembre, votará la aprobación definitiva del acuerdo que tomó el pleno de octubre, sobre los bienes que deben revertir al Ayuntamiento con la finalización de la concesión. Mina subrayó ayer que no tiene obligación de dejar acceder a nadie a determinadas instalaciones hasta que se resuelva el posible retorno de bienes al Consistorio.
Tribunales
El contrato firmado en 1941 acaba el 9 de diciembre, aunque el Consistorio decidió prorrogar de modo forzoso la prestación del servicio hasta el verano del 2017. Y Mina recurrió ante la propia Administración Local los contenidos de esa prórroga obligada, y se prevé que el pleno extraordinario del jueves desestime ese recurso.
En este proceso enconado Mina se ha posicionado por un modelo de gestión mixta. La empresa tampoco descarta que los tribunales resuelvan el pleito general sobre la titularidad del suministro.
