La solución óptima, menos costosa y más provechosa para todas las partes es la constitución de una empresa de economía mixta entre el Ayuntamiento y Mina". Son palabras de Josep Lluís Armenter, director general de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, sobre el conflictivo proceso de finalización del contrato para el suministro de agua en Terrassa, que culmina el próximo 9 de diciembre después de 75 años. La empresa reiteró ayer que ésta es la "alternativa más razonable" frente a la asunción directa del servicio que propone el Ayuntamiento, una opción que no es viable, asegura Mina, sin una indemnización expropiatoria que rondaría los 60 millones de euros.
Armenter y el presidente de Mina, Marià Galí, comparecieron ayer ante la prensa, después de "estar relativamente callados los últimos meses", para "hacer oír" su voz en la dura batalla del agua desatada ante la inminente finalización de la concesión. Tras hacer un repaso por las "aportaciones de Mina al desarrollo de la ciudad" en sus 175 años de historia, Galí aseguró que las decisiones tomadas por el Ayuntamiento (donde una abultada mayoría de ediles apuesta por la gestión pública del servicio), "no van en la línea de buscar la fórmula óptima para todo el mundo".
Alternativa "legal"
Armenter aseguró que la opción de formalizar una empresa mixta formada por Mina y el Ayuntamiento está avalada por "prestigiosos" especialistas externos, como son el despacho de abogados Uría Menéndez y el doctor Tornos, catedrático en derecho administrativo. La propuesta, dijo, "es totalmente legal" y tendría "importantes beneficios" como es el hecho de que "el Ayuntamiento no tendría que hacer frente a ningún gasto expropiatorio por los bienes de Mina" y además, subrayó, la Administración local ejercería un doble control, como regulador del servicio y como socio de dicha sociedad público-privada, sobre el suministro del agua.
Esta concepción de Mina y, de hecho, la cuestión medular del conflicto radica en las distintas concepciones que tienen ambas partes sobre la titularidad del servicio. La empresa reconoce la competencia del Consistorio para "organizar" el servicio, pero "otra cosa es la titularidad de las instalaciones, que son de Mina". Armenter reiteró que Mina "es titular de los derechos del servicio antes del contrato de 1941", concretamente desde 1842, cuando la empresa empezó su actividad privada de suministro de agua "con motivo de los títulos concesionales cedidos por el Ayuntamiento hasta 2060".
Para poseer la titularidad, defiende la empresa, el Ayuntamiento debería municipalizar el servicio y expropiar los bienes privados preexistentes de Mina. Todas estas circunstancias históricas convierten a Terrassa en un caso "atípico", remarcó Armenter, que debe resolverse con una medida "excepcional" como es la constitución de una empresa mixta sin que medie concurso público. Esta hipotética nueva concesión podría ser la manera, apuntó el director general de Mina, de que el Ayuntamiento haga la "transición hacia la titularidad plena" que "algunos tanto desean" de la forma "menos costosa". Al final, añadió Galí, "tendrá que imponerse el pragmatismo a los ideales, por muy legítimos que sean".
Habrá contencioso
La empresa mixta acordada es la única alternativa que ve Mina para evitar que el caso del agua en Terrassa se judicialice. Armenter anunció ayer que interpondrán un recurso contencioso-administrativo en el caso de que, como parece que ocurrirá, el Consistorio rechace el recurso de reposición administrativo interpuesto contra la prórroga forzosa del servicio acordada por el pleno en septiembre.
La empresa entiende que puesto que el 9 de diciembre no habrá un nuevo gestor del agua (el Ayuntamiento ya ha reconocido que en esa fecha aún no podrá asumir el servicio), debe seguir prestando el suministro en las mismas condiciones que marca el contrato actual. Armenter denunció que la prórroga de seis meses "es improcedente" puesto que se establecen nuevas condiciones, se marca una retribución fija por la prestación del servicio y se imponen nuevas medidas de control de la actividad.
La empresa está dispuesta a impugnar tal prórroga en los tribunales, al igual que lo hará si se rechazan sus alegaciones al listado de bienes revertibles emitido por el Ayuntamiento. La intención de la empresa es solicitar medidas cautelares para que el juzgado paralice la prórroga diseñada por la Administración local mientras se resuelve el contencioso.
La judicialización del controvertido contrato del agua, que Galí defendió ayer "no por una voluntad obstruccionista", sino para "salvar" sus derechos como empresa ante la "falta de dialogo" del Ayuntamiento, puede dilatar durante años la consecución de una salida a este complejo asunto.
