Como dice el refranero popular, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. O los que se eligen a sí mismos, porque la decisión de multar a los bancos no depende sino de los propios ayuntamientos. Se cuentan por decenas los que se han interesado en el pionero camino abierto por Terrassa, pero muy pocos son los que han decidido pisar esa misma senda.
El equipo técnico de Urbanismo de Terrassa, solo o junto al alcalde, Jordi Ballart, o al concejal de turno, ha dado numerosas charlas, recorrido consistorios vecinos y participado en simposios sobre la vivienda para explicar con detalle la tramitación de expedientes y multas. Cuando el foco mediático estaba puesto sobre este asunto, allá por el año 2014 especialmente, parecía que empezar a emerger una ola de multas, pero lo cierto es que, tras dos años de espera no ha habido tal tsunami.
Varios ayuntamientos empezaron a abrir expedientes sancionadores, pero pocos impusieron multas. Sí lo han hecho Girona y Santa Coloma, por ejemplo. Hace un año, trascendió la primera multa, por valor de cinco mil euros (igual que las aplicadas en la ciudad) del gobierno de Ada Colau, en Barcelona, a varios bancos.
Servicios saturados
En el caso de Terrassa, los servicios urbanísticos se han visto desbordados por el gran volumen de trabajo que supone la tramitación de los expedientes y sus consecuencias judiciales. Por mandato de pleno, el equipo de gobierno se ha comprometido a aumentar el personal de Urbanismo para poder acelerar el ritmo de imposición de sanciones, como le pedía Terrassa en Comú, porque el equipo actual no da a basto.
De hecho, la apertura de nuevos expedientes sancionadores se ha frenado (de los más de 800 requerimientos, unos 700 se abrieron durante 2014) por la falta de personal y la necesidad de atender los contenciosos abiertos, más de un centenar en este momento.
