El centenar de multas impuestas por los pisos vacíos ascienden a 545 mil euros, aunque no todo este dinero ha llegado aún a las arcas municipales. De hecho, el Ayuntamiento sólo ha cobrado 220.800 euros. Otras multas, por valor de 288 mil euros, se han suspendido, de momento, por la necesidad de resolver recursos administrativos y judiciales pendientes. Además, hay otro grupo de sanciones, que ascienden a 40 mil euros, que se han anulado porque la entidad bancaria ha justificado que la vivienda ya había sido ocupada antes de que le llegará la multa.
De momento, todas las multas impuestas tienen carácter coercitivo, es decir, tratan de forzar a las entidades a que pongan esos pisos en alquiler o los vendan. La cuestión es que no permanezcan vacíos.
Principio de proporcionalidad
La directora de Servicios de Urbanismo, Cristina Escudé, insiste en que "la intención del Ayuntamiento no es recaudar, sino que esos pisos se ocupen por familias que los necesitan". De hecho, las multas podrían ser mucho más elevadas. Según la ley catalana por el derecho a la vivienda, Terrassa podría imponer multas coercitivas de hasta 100 mil euros, pero se ha optado por cifras más discretas (calculadas en base al coste anual de un alquiler) para ir sobre seguro y que los tribunales no las anulasen por incumplir el principio de proporcionalidad. En una siguiente fase, que no está previsto aplicar aún, las multas coercitivas podrían dar paso a sanciones de hasta 500 mil euros.
Además de la multa, la apertura del expediente sancionador, una vez comprobado que el inmueble está desocupado sin motivo, va acompañado del cobro de una tasa, por la que el Ayuntamiento grava el trabajo de inspección, administrativo y jurídico que supone todo este proceso para los servicios urbanísticos municipales. En total, se han tramitado tasas por valor de 166 mil euros.
