Tal y como estaba previsto -esta vez, se ha hecho un intenso trabajo de cocción previa-, el equipo de gobierno (PSC y CiU) obtuvo la complicidad del bloque de izquierdas para sacar adelante los tributos, tasas y precios públicos que se aplicarán en 2017. Formalmente, el dictamen sólo contó con los votos a favor de los doce concejales del Ejecutivo local, pero las once abstenciones de TeC, ERC-MES y la CUP fueron imprescindibles para lograr la aprobación de las ordenanzas fiscales. Los otros dos grupos de la oposición, C’s y PP, en cambio, votaron en contra del expediente.
El de ayer fue un debate de ordenanzas fiscales histórico, como varios grupos insistieron en señalar. El propio concejal de Hacienda, Alfredo Vega, así lo reconoció al admitir que nunca antes el gobierno había tenido que retirar su propuesta de tributos en comisión informativa, ante la falta de apoyos, para pactar un nuevo texto con la oposición; en este caso, con los grupos de izquierdas. Pero también histórico porque, por primera vez, los partidos no presentaron ni una sola enmienda al dictamen. Algo insólito, especialmente en el PP – como de nuevo Vega hizo notar al edil Álex Rodríguez-, que acostumbraba a presentarse a este pleno con decenas de propuestas correctoras. E inaudita también fue la rapidez con la que se celebró el pleno extraordinario (apenas dos horas y media), fruto, probablemente, de los dos factores anteriores.
El debate se desarrolló con una inusual placidez, especialmente para el equipo de gobierno, que vio cómo los dardos más punzantes no iban hacia su bancada sino que se lanzaban entre los propios grupos de la oposición. El más crítico con prácticamente todos fue el portavoz de C’s, Javier González. Con su habitual ironía, el edil rechazó las ordenanzas al considerar que el equipo de gobierno y los grupos de izquierdas lo que "pretenden es seguir exprimiendo los bolsillos de los ciudadanos", a quienes "se les pide que aporten un millón de euros más, además de los dos millones aportados durante este año" a través de los impuestos. En su intervención, González señaló que "estas ordenanzas no son más de izquierdas porque las aprueben los partidos de izquierdas, sino que son más injustas con las clases trabajadoras, las que soportan la mayor carga fiscal".
"Populismo"
Por estas y otras afirmaciones sobre la "elevada" presión fiscal de Terrassa, TeC y ERC-MES le acusaron de practicar "demagogia" y "populismo". El representante de TeC, Xavier Matilla, aseguró que gracias a las propuestas presentadas por su grupo, por ERC-MEs y por la CUP, la propuesta inicial del bipartito, "lineal y neutra", había ganado en "progresividad fiscal" ya que, además de ampliarse los beneficiarios de las bonificaciones, centra los incrementos fiscales "en los perfiles con más capacidad económica".
También en ERC-MES, Isaac Albert, criticó el planteamiento inicial del Ejecutivo local, por ser "continuista" y carecer de "relato político". Sus aportaciones habían logrado construir unas ordenanzas fiscales "más equitativas", con incrementos y congelaciones en función de la renta, "más justas" y "con visión de futuro".
La concejal de la CUP, Maria Sirvent, igualmente recalcó la "neutralidad política" que tenía el primer expediente elaborado por el bipartito. "Las ordenanzas fiscales no deben redactarse teniendo en cuenta el equilibrio presupuestario, sino las necesidades de las personas", insistió. Tras el pacto alcanzado finalmente con el Ejecutivo local, el diseño de los tributos locales "profundiza en la redistribución de la riqueza", afirmó.
El concejal de Hacienda, Alfredo Vega, después de ver cómo se repartían unos y otros las medallas y rehuir de ninguna de ellas, trató de no hacer un análisis en términos de vencedores y vencidos y, en cambio, defendió sin complejos y en varios ocasiones el "entendimiento, diálogo y acuerdo político" que había detrás de la propuesta que ayer salió adelante.
El edil, que al igual que los técnicos del área recibió las felicitaciones de todos los portavoces, negó que Terrassa tuviese una elevada presión fiscal: "Es de las más bajas de entre las principales ciudades de Catalunya", explicó. Aseguró que 500 mil euros, del millón de euros de más que recaudará el Ayuntamiento con el incremento fiscal, van directamente a compensar el aumento del canon de residuos dictado por la Generalitat. Exceptuando la tasa de residuos, afirmó, "la repercusión de esta revisión de impuestos sobre una familia tipo de Terrassa será de un euro".
"Equidad y progresividad"
El edil defendió que el nuevo cuadro de tributos locales supone una "mejora de la equidad y la progresividad fiscal", ahonda en la "corresponsabilidad" para que "todo el mundo pague en función de su capacidad" y supone un incremento "moderado" de la presión fiscal.
Su socio de gobierno, Miquel Sàmper (CiU), quiso restarle carácter de izquierdas al dictamen. Aseguró que responden a la "heterogeneidad" del Consistorio. Negó que haya habido "divergencias" con el PSC para elaborar las ordenanzas -tras las sospechas mostradas por Matilla- y atribuyó también a su grupo la congelación del IBI -"que hemos conseguido entre todos", dijo- y la reducción del incremento general del 1% al 0,5%. El grupo de CiU no pudo evitar, sin embargo, que le llovieran las críticas desde ERC-MES, TeC y el PP, por estar dispuesto a "votar lo que sea con tal de mantener las sillas".
El PP rechazó el expediente porque responde a "dos actitudes" que no comparten. Por un lado, a "la incapacidad del gobierno de entender la realidad", ya que en los últimos cinco años los impuestos municipales han subido un 12%. Por otro lado, Álex Rodríguez se negó a apoyar la propuesta "porque se ha pactado con el sector más a la izquierda de este Ayuntamiento". Con la subida fiscal, denunció, el gobierno "pide a los ciudadanos que paguen más, cuando los servicios son cada vez peores".
