El equipo de gobierno (PSC y CiU) se vio obligado el jueves por la tarde a posponer la votación de su propuesta de ordenanzas fiscales para 2017, que debía permitir elevar el expediente al pleno. Y lo hizo forzado por la oposición, porque se vio solo, sin apoyos. Ninguno de los cinco grupos estaba dispuesto a respaldar el dictamen. Ante esta situación, y no sin cierta perplejidad, el concejal de Hacienda, Alfredo Vega, dejó encima de la mesa su propuesta, a la espera de una próxima reunión. El bipartito vio cómo, por primera vez, la oposición tumbaba las ordenanzas fiscales en comisión informativa.
Fue una situación sin precedentes e incómoda prácticamente para todas las partes, la del jueves por la tarde, a pesar de que puede decirse que la oposición ganó el pulso al equipo de gobierno. Aseguraron que no fue un boicot ni una actuación concertada, aunque sí hablada entre ERC-MES y TeC, que tenían en su poder la posibilidad de facilitar la aprobación de la propuesta de impuestos y tasas para el próximo año. Ciudadanos, aliado del equipo de gobierno en otras ocasiones, tampoco estaba dispuesto a dar luz verde al expediente. De hecho, su portavoz, Javier González, anunció el voto contrario de su grupo, a pesar de que la concejalía de Hacienda rebajó medio punto, del 1% al 0,5%, el incremento general que pretendía aplicar a los tributos locales, excepto a la tasa de residuos, que propone que suba un 5% en 2017.
Sin embargo, el dictamen no gustó a nadie y nadie pretendía apoyarlo. ERC- MES, especialmente, aunque también la CUP, reprocharon a Vega que su propuesta pretendía contentar a derecha y a izquierda, que incorporaba pedazos de ambas visiones. Pronto dejaron claro que eso no sería suficiente para que el bloque de izquierdas (TeC, ERC-MES y la CUP) facilitara la aprobación de las ordenanzas con su abstención, como ocurrió el año pasado. “Define con quién quieres aprobar las ordenanzas, porque con un poco de todos no podrá ser, la propuesta acabará pareciendo un Frankenstein”, le espetó Isaac Albert (ERC-MES) al concejal Alfredo Vega.
Esta vez, los grupos de izquierdas querían algo más que la incorporación de algunas enmiendas. El primero en pedir con claridad rehacer por completo el dictamen fue Xavier Matilla, de Terrassa en Comú (TeC). Agradeció la “predisposición” que Vega había tenido estos días atrás para discutir las enmiendas de su grupo, pero aseguró que era “difícil” integrar la filosofía que hay detrás del posicionamiento de TeC vía enmienda. “Si hay voluntad de incorporar nuestros criterios hay que rehacer el dictamen”, le dijo Matilla a un atónito Vega. “El conjunto de nuestras enmiendas acaban definiendo unas ordenanzas con un carácter muy distinto al que tienen ahora”, señaló. Se trata de “rehacer los cimientos” de la propuesta porque no son cuestiones de detalle, sino que TeC pide “cambiar el motor, no sólo tocar chapa y pintura”.
La petición de TeC pilló por sorpresa al titular de Hacienda. Vega, molesto y aturdido a partes iguales por los derroteros hacia los que se estaba encaminando la comisión, se sintió traicionado por Matilla ya que habían estado negociando previamente y el edil estaba dispuesto a aceptar gran parte de las enmiendas de TeC. Así pretendía reflejarlo en la comisión informativa hasta que se encontró con la petición para que retirara el dictamen.
El edil socialista defendió que el incremento del 0,5% que propone para la mayoría de tasas, impuestos y precios públicos no era lineal, tal y como le acusaba la oposición. “Hay un importante cuadro de bonificaciones fiscales”, dijo, para amortiguar el impacto de esta subida. A las ordenanzas fiscales, insistió, las guía “el principio de justifica social y progresividad fiscal”.
La subida lineal de impuestos fue muy criticada por la oposición. Pero no fue lo único. La nueva jerarquía de calles y su impacto en la recaudación del impuesto de actividades económicas (IAE) centró gran parte de la discusión política, especialmente con ERC-MES. El equipo de gobierno se decanta por aplicar el estudio técnico que clasifica la ciudad en cinco tipos de calles, con valores distintos para cada uno de ellos. Vega argumenta que “refleja mejor la realidad” de Terrassa, pero para Albert (ERC-MES), el motivo es que supone un menor impacto en el IAE. Esta clasificación, con los matices introducidos estos últimos días por Hacienda, supondría una recaudación de 140 mil euros. En cambio, la división en cuatro tipos de calles, reportaría medio millón de euros a las arcas. Vega aseguró que el impacto en la recaudación, especialmente en la subida del IAE que supondría para el sector industrial, no es lo que ha llevado al equipo de gobierno a decidirse por el modelo de cinco categorías -es “secundario”, dijo-, pero admitió que no quiere que la aplicación de esta nueva metodología suponga un “castigo” para nadie, especialmente para la industria.
Impacto en el IAE “explicable”
Para Albert, en cambio, el relato político que se deriva de aplicar cuatro categorías de calles y la subida fiscal que implica en el IAE “es perfectamente explicable”. “No estamos castigando a nadie sino que este nuevo modelo implica un aumento que es fruto de una regularización”, subrayó el republicano.
Albert aseguró comprender las cautelas del equipo de gobierno, pero pidió más valentía y propuso medidas para amortiguar este incremento. “Entiendo que preocupe el impacto, pero no es aceptable que apliques cinco categorías porque el modelo de cuatro te da un resultado que no te gusta. Se puede establecer un periodo de transitoriedad”, sostuvo Albert frente a Vega.
Finalmente, fue el republicano quien pidió que no les hiciese votar el dictamen, ante la estupefacción de Vega. Su socio de gobierno, Dani Nart, de CiU, también vio claro que no tenían apoyos suficientes y conminó al edil socialista a aceptar la sugerencia de ERC-MES y posponer la votación.
La CUP trató de mediar y sus palabras sonaron casi como un bálsamo para Vega a esas alturas del debate, cuando ya sabía que todos votarían en contra de su propuesta. La portavoz de los anticapitalistas, Maria Sirvent, resaltó que “las ordenanzas fiscales de Terrassa tienen criterios redistributivos que no tienen otras ciudades”. Lo que se vota, dijo, “no es si son positivas o no, sino las modificaciones sobre el expediente actual”. Y es en estos ajustes donde Sirvent considera que el equipo de gobierno podría “arriesgar más”.
La presión fiscal y los servicios
El único concejal del PP, Álex Rodríguez, tampoco se mostró predispuesto a apoyar al equipo de gobierno. “Mi grupo está en contra de cualquier subida de impuestos, especialmente en época de crisis, con inflaciones negativas”, señaló. Rodríguez, además, criticó que “mientras cada año se pide a la ciudadanía que pague más, los servicios, como el transporte público o la limpieza, no están a la altura de lo que merece Terrassa”. Vega convino en que algunos servicios son mejorables, pero insistió en que la presión fiscal en Terrassa está en la franja media-baja comparado con ciudades de similares características.
La tasa de residuos tuvo también su cuota de protagonismo. El Ejecutivo local propone encarecerla un 5% para cubrir el incremento de costes que supone el aumento del canon que aplica la Generalitat a los residuos urbanos y el encarecimiento derivado del traslado de la fracción resto desde Coll Cardús a depósitos de Tarragona y de L’Anoia. Para C’s y PP, el encarecimiento de la tasa es excesivo, mientras que para el resto, falta “valentía” política para reformular la tasa, su cuadro de bonificaciones y acercar así cada vez más el gravamen al coste real del servicio.
