El Ayuntamiento de Terrassa ha iniciado un requerimiento de ejecución subsidiaria contra la Sareb y la empresa ROLCA 2006 S. L. para que cumplan con su deber de conservación de los bloques “ocupados” de Les Arenes, de manera que “los doten de las instalaciones necesarias para que los residentes dispongan de suministro eléctrico”. En caso de no responder a esta petición, será el Ayuntamiento quien lo haga, corriendo con los gastos que se deriven, aunque pasando la factura a los propietarios de la finca.
Y ahí, precisamente en la propiedad reside la complejidad para solucionar la falta de luz de los tres bloques en los que residen de forma irregular 44 familias desde hace casi tres años. Los inmuebles fueron construidos por la promotora ROLCA 2006 S.L, pero incluso antes de ponerlos a la venta, la empresa entró en quiebra. Con la reestructuración bancaria sufrida en el país, su principal acreedor ha acabado siendo la Sareb, la sociedad de gestión de activos inmobiliarios de las entidades financieras rescatadas con dinero público.
El problema radica en que la Sareb no ha ejecutado la hipoteca dejada por el promotor porque “asumir la propiedad implica asumir unas obligaciones, y eso es lo que no quieren hacer”, denuncia la concejal de Vivienda, Lluïsa Melgares, quien remarca la “complicación jurídica de este caso”. De ahí, que hayan recurrido al asesoramiento del catedrático de derecho administrativo de la Universitat de Barcelona, Juli Ponce, que les está acompañando en los pasos a seguir. Ponce fue el autor del informe que en 2014 avaló la decisión pionera del Consistorio egarense de multar a los bancos con pisos vacíos.
La necesidad de ayuda experta, explica la edil, se debe a que “es la primera vez que un Ayuntamiento emprende una iniciativa de este tipo”. La novedad, unida a lo enmarañado que está el asunto en relación a la propiedad y al margen de actuación de una Administración pública, hacía conveniente el acompañamiento de la universidad, que ha arrojado “luz legal”.
Tasa y multa
Junto al requerimiento a ambas sociedades, el Ayuntamiento asegura que les girará el recibo de la tasa municipal que va ligada a la tramitación del expediente y que, en caso de que no atiendan la resolución “por incumplimiento del deber legal de conservación de las viviendas y mantenimiento de las condiciones de habitabilidad”, aplicarán las sanciones recogidas por la Llei de l’Habitatge aprobada en 2007, “que pueden ascender hasta los 900 mil euros”.
El problema del que ahora se ha hecho cargo el Ayuntamiento se hizo visible en junio, cuando Endesa decidió cortar el suministro eléctrico de los tres bloques “ocupados” por impago y dejó sin luz a las 44 familias que allí residen. Después de la tensión vivida durante la actuación de los empleados de la compañía eléctrica y las protestas de los afectados, hubo una reunión de urgencia del equipo de gobierno, que decidió actuar y colaborar con los vecinos para buscar una solución. Melgares justifica la intervención del Ayuntamiento “porque es un caso muy especifico”. La edil defiende que los residentes en los tres bloques “ocupados” lo están haciendo con el “consentimiento tácito del propietario”.
El proceso iniciado por la concejalía de Vivienda persigue, en última instancia, que se reconozca el derecho que tienen los actuales residentes a seguir viviendo allí “porque el propietario lo está consintiendo desde hace tres años”, porque lo están haciendo “pacíficamente” y porque como Ayuntamiento “necesitamos dar una solución al problema y que no padezca ni el barrio ni la gente”, subraya Melgares.
Sea de manera indirecta o subsidiaria, mediante el expediente abierto, el Ayuntamiento pretende dar a los inquilinos este reconocimiento, indispensable para que Endesa acepte dotar de suministro eléctrico la finca. Así lo asegura, al menos, la edil socialista: “Endesa necesita que se le acredite que la gente que vive en los bloques, efectivamente tiene derecho a hacerlo”. Y, en este sentido, “el Ayuntamiento lo corrobora”. Melgares explica que, de esta forma, “se les podrá reconocer como abonados” de la compañía eléctrica. Cuando esto suceda, añade, los vecinos “pagarán la luz como cualquier otro abonado y si no pueden hacerlo se les ayudará en los términos que reconoce la ley contra la pobreza energética”.
