Sorpresa. Es la palabra escogida por Mina. Aigües de Terrassa, para definir el estado de ánimo de la compañía tras las declaraciones del alcalde Jordi Ballart, que el lunes denunciaba en El Punt Avui presiones y amenazas en el proceso del agua y acusaba a Mina de hacer "chantaje", al condicionar la entrega de información a la implantación de un modelo mixto de gestión en Terrassa.
La concesionaria del suministro del agua, que finaliza contrato en diciembre, emitió ayer un comunicado en el que anuncia su intención de solicitar "una rectificación" al alcalde "como mínimo -puntualiza-, sobre la parte de la entrevista en la que injustamente acusa a Mina, Aigües de Terrassa de cometer actos que desprestigian su trayectoria y talante".La compañía considera los hechos atribuidos a ella "desafortunados y sin ningún tipo de fundamento".
En la entrevista, de la que se hizo eco ayer Diari de Terrassa, el alcalde aseguraba que el Ayuntamiento ha afrontado "muchos impedimentos, muchas obstrucciones y propuestas unilaterales y, en algunos casos ilegales", durante el proceso de liquidación. A nivel personal, Ballart dijo haber recibido "amenazas, anónimos, extorsiones en mi casa, llamadas y propuestas que infringen la ley".
La respuesta no se ha hecho esperar y la nota de Mina es una antesala de la decisión que el consejo de administración de la compañía adoptará el lunes. El máximo órgano de gobierno de la concesionaria analizará al detalle las declaraciones del alcalde y actuará en consecuencia. De momento, ayer quiso dejar claro que "apelamos al buen criterio y sentido común en futuras declaraciones públicas que el señor Ballart pueda hacer sobre nuestra sociedad".
El episodo es un paso más en la escalada de tensión que rodea el final del contrato de concesión del agua en Terrassa y la decisión municipal sobre cual será el futuro modelo de gestión. El alcalde Jordi Ballart se ha decantado por la gestión pública del servicio, una postura que comparte su grupo y que suma mayoría en el pleno junto a los votos de ERC, TeC y la CUP (20 de 27 concejales).
El equipo de gobierno quiere llevar el modelo a votación entre noviembre y diciembre, después de evaluar las ventajas e inconvenientes de cada modelo de gestión y sobre todo su viabilidad económica.
En las próximas semanas, la comisión político técnica encargada de elaborar ese informe espera tener listas las conclusiones. Por ley, el Consistorio sólo podrá escoger una opción cuya sostenibilidad económica esté suficientemente probada.
Un relevo ordenado
Al margen del debate político, el Ayuntamiento y Mina llevan muchos meses negociando la liquidación del contrato y las condiciones de la reversión de los bienes y servicios que pasarán al Ayuntamiento, un proceso complejísimo y sembrado de discrepancias.
Ambos difieren sobre qué debe pasar a manos municipales, a qué coste -Mina cifra la reversión en 60 millones y la administración en menos de 2- e incluso sobre la titularidad pública del servicio, que la compañía pone en cuestión.
En ese contexto, el pleno de septiembre aprobó una prórroga forzosa de la concesión de 6 meses, hasta junio de 2017, en la que el gobierno quiere ganar tiempo para un relevo ordenado.
