La Audiencia Provincial absolvió a finales de junio al neurocirujano terrassense Juan Luis Maestro de León, juzgado por presunta estafa a un paciente al que operó en el ámbito privado en un proceso conocido popularmente como caso Villarán. El fiscal pedía para el encausado una pena de cuatro años de prisión y una multa de 4.500 euros, y que pagase al denunciante, Justiniano Villarán, los 8.716,26 euros que le costó el proceso médico.
El afectado padecía un síndrome piramidal que no le mejoraba con ninguna terapia. Sufría una presión en el nervio ciático y el 28 de agosto del 2012 se presentó en la consulta privada de dicho neurocirujano, que le aconsejó operar para descomprimir el nervio.
Según el fiscal, el doctor dijo al paciente que la cirugía no se podía efectuar en la sanidad pública, pues requería de unas herramientas especiales que el sistema público no poseía. Pero, según la acusación, el médico sabía que la operación la incluía el sistema nacional de salud, por lo que tuvo la intención de obtener un beneficio ilícito con su omisión de información. Para el tribunal, no quedó probado que el cirujano engañase al paciente sin darle opción a acudir a la sanidad pública.
Ahora, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa (PDSPT) ha hecho pública su postura acerca de la sentencia de este caso. La plataforma asegura que aunque tanto ellos como Justiniano Villarán y su familia respetan la decisión judicial no están de acuerdo con ella. "No entendemos la absolución, teniendo en cuenta todas las pruebas presentadas", explica Jaume Pavia, representante de la PDSPT. "Tampoco comprendemos que la Fiscalía, que pedía cuatro años de prisión, no recurra la sentencia", añade. "Yo no entiendo demasiado de estos temas y no sé si esto es normal o no pero a mi no me lo parece", señala.
Desde la plataforma lamentan que "la posibilidad de recurrir es casi imposible de asumir ya que en caso de perder, se tendrían que pagar unos 10 mil euros, cantidad inasumible para la mayoría de los ciudadanos de este país". Por eso, la PDSPT cree que "la justicia no es igual para todos".
Pavia explica que a raíz de lo ocurrido en este caso y de conocer la cantidad que podría llegar a pagar por costas procesales, Cándida Flores, que interpuso una demanda contra el mismo cirujano por presunta negligencia y estafa, ha decidido pasar de un proceso penal a un proceso civil. "La justicia no es igual para todos, quien tiene dinero puede continuar con el proceso y recurrir pero quien no dispone de él, no", denuncia Pavia, que aun así, afirma que "haber llevado este personaje a juicio ya es un éxito".
