El Consell de Alcaldes del Vallès Occidental se ha comprometido a multar a las empresas de energía, especialmente a las de luz y gas, que corten el suministro a familias vulnerables sin antes haber solicitado un informe a los Servicios Sociales municipales sobre la situación de exclusión residencial de los afectados. El acuerdo fue suscrito ayer por todos los ayuntamientos de la comarca, que mostraron su "malestar" ante las "trabas" y la "falta de respuesta" de las suministradoras para luchar contra la pobreza energética.
Los alcaldes ya exigieron en febrero a las compañías que cumpliesen la ley 24/2015 aprobada en año pasado por el Parlament para combatir la exclusión residencial y la pobreza energética. En esa misma comparecencia anunciaron su intención de multar a quienes no cumpliesen con lo que establece la norma catalana: la obligación de solicitar un informe a los Servicios Sociales antes de efectuar un corte de suministro. Ahora pasan de la advertencia al compromiso de iniciar dichos procedimientos sancionadores. El único ayuntamiento que ha empezado a tramitar este tipo de expedientes es el de Sabadell. Su alcalde, Juli Fernàndez, explicó que lo han hecho amparándose en el código de consumo, por el que las multas a las energéticas pueden ir entre los 10 mil y los 100 mil euros.
Sin respuesta de las compañías
El acuerdo adoptado por los 23 alcaldes del Vallès Occidental quiere ser un "toque de alerta" a las suministradoras de luz y gas porque han hecho oídos sordos a la petición del Consell Comarcal de crear un fondo económico que contribuya a sufragar las facturas de las familias que no pueden pagar estos servicios básicos. En el caso de las compañías de agua, explicó Fernàndez, la respuesta ha sido distinta. "Se ha podido crear un fondo social y elaborar protocolos" para esquivar los cortes, aseguró el edil.
Los representantes municipales también quieren hacer valer su "capacidad de incidencia" en el mercado para forzar un cambio de actitud en estas grandes compañías. Y pretenden hacerlo mediante las licitaciones en materia de energía que en un futuro puedan abrirse en los ayuntamientos o en entidades supramunicipales. En estos procesos se tendrá en cuenta el compromiso de las empresas "en cuestiones sociales y de protección de las familias más vulnerables" a la hora de adjudicar los contratos.
Otro de los acuerdos aprobados por el Consell d’Alcaldes es el de realizar un censo comarcal de viviendas ocupadas de forma irregular a partir de la información que proporcionen cada uno de los municipios. La problemática de acceso a la vivienda y las ocupaciones ilegales afectan a todas las poblaciones, sostuvo ayer Ignasi Giménez, presidente del Consell Comarcal, y de ahí que quieran "consensuar una política común que evite un posible efecto llamada" entre localidades. Los datos de este registro servirán para "iniciar la redacción de un protocolo de actuación".
No hay una fecha prevista
A pesar de la necesidad manifestada por todos los responsables políticos de tener datos precisos sobre esta realidad, los alcaldes no han puesto fecha a la realización de este censo. Giménez sólo precisó ayer que lo harán "tan pronto como sea posible". Este inventario, además, debe servir para complementar el censo comarcal de viviendas vacías que se está elaborando actualmente después de que así se acordase en el anterior Consell d’Alcaldes. La redacción de este registro aún no ha concluido. Los alcaldes no han fijado un plazo para tenerlo listo ni tampoco fueron capaces ayer de concretar cuándo tienen intención de disponer de él. Lo que sí anunciaron fue la próxima celebración de unas jornadas para abordar las herramientas de lucha contra la exclusión residencial.
