El Ayuntamiento ha desestimado las alegaciones presentadas por Mina Pública d’Aigües de Terrassa S.A. contra las condiciones de la prórroga que la obligarán a continuar prestando el servicio hasta junio de 2017 y disconforme también con el expediente de liquidación del contrato de 1941 y de reversión de bienes. La administración pública no acepta una sola de las argumentaciones de la compañía y se dispone a liquidar la concesión el próximo 10 de diciembre.
El ejecutivo presentó el lunes en comisión informativa los argumentos que le llevan a desestimar las alegaciones de Mina al acuerdo del pleno de junio, en el que se iniciaron los expedientes para el final de la concesión y la prórroga forzosa de 6 meses. En el trámite de audiencia a la compañía, ésta ha puesto en cuestión todos y cada uno de los acuerdos plenarios.
Mina entiende que no se puede iniciar un expediente de reversión y de liquidación sin identificar antes los bienes que pasarán a manos municipales al finalizar el contrato y sin una propuesta de liquidación de los derechos de la empresa.
En su respuesta, el Ayuntamiento defiende su potestad de iniciar el expediente como titular del servicio del agua en la ciudad y argumenta que es durante el procedimiento de reversión cuando se concretarán los bienes afectados por la liquidación. "Es infundada la afirmación de que se está efectuando una expropiación por la vía de los hechos", afirma el ejecutivo, que achaca "a la actitud obstaculizadora de la concesionaria" que no se haya avanzado más en el proceso
La prórroga
El ejecutivo municipal defiende ante Mina la prórroga forzosa amparandose en el Reglamento de las Corporaciones Locales de 1953 y el Reglamento de obras y servicios de los entes locales (ROAS). La compañía pretende una prórroga del contrato actual, pero la administración mantiene su voluntad de extinguir la concesión, liquidar y aplicar una prórroga nueva de 6 meses.
Las condiciones de esa moratoria son uno de los motivos de litigio entre la concesionaria y el Ayuntamiento, que aprovecha ese nuevo periodo para introducir medidas que permitan fiscalizar la empresa y obtener la información que se le ha negado hasta ahora. La labor la harán dos inspectores, cuyos costes laborales se cargarán a las tarifas.
En el informe de alegaciones, el Ayuntamiento sostiene que "es obligación de Mina continuar prestando el servicio" tras la extinción del contrato de 1941 y defiende la fórmula de la prórroga forzosa, en condiciones iguales al contrato actual, dice.
"La diferencia está -admite- en que durante este periodo el Ayuntamiento debe velar porque la transición a un nuevo gestor se haga sin incidentes". La medida se traduce en un férreo control de la gestión por parte del titular del servicio. Mina deberá rendir cuentas de su prestación como concesionaria, de las obras, las instalaciones y se realizará mensualmente una auditoría contable, fiscal y administrativa de gastos e ingresos, entre otros requerimientos.
La prórroga elimina el principio de riesgo y ventura, pero el Ayuntamiento rebate a Mina que eso suponga una pérdida de derechos para ella, puesto que "no deberá afrontar costes imprevistos".
La titularidad
Los grupos municipales están convencidos que Mina acabará llevando la prórroga y la liquidación al contencioso y que la batalla legal del agua se centrará en la titularidad del servicio. La empresa cuestiona que corresponda al Ayuntamiento porque "la administración no ha municipalizado nunca o establecido un servicio público".
En el escrito de alegaciones, el Consistorio recuerda que desde 1842 Mina ha estado vinculada contractualmente al Ayuntamiento y desde 1941 presta el servicio de abastecimiento "en virtud de un contrato de concesión de servicios". Y le recuerda que, en sus relaciones con la administración local, "siempre se ha presentado como concesionaria única del servicio público, reconociendo de esta manera el carácter público municipal del servicio y beneficiándose del régimen jurídico aplicable a estos contratos".
Resueltas las alegaciones de la concesionaria, el próximo 29 de septiembre el pleno municipal aprobará los expedientes de prórroga y liquidación, una iniciativa en la que el gobierno municipal cuenta con el apoyo de la mayoría del consistorio.
El lunes, en comisión informativa, los grupos valoraron la respuesta municipal a las alegaciones y también las consecuencias que para el proceso puede tener un previsible recurso de Mina al contencioso.
Xavi Matilla, portavoz de TeC, advirtió que "Mina debe integrar la mesa paritaria que designará los dos técnicos que fiscalizarán su gestión. Si recurre no participará y nos podemos encontrar dentro de 4 meses que el acuerdo no se pueda ejecutar. ¿Qué herramientas coercitivas tendremos?"
En el mismo sentido se expresó Maria Sirvent, de la CUP. "Ya se debía haber actuado vía judicial cuando se han negado a facilitar una información que es del titular del servicio".
Desde el área de Territorio se explicó que, una vez las apruebe el pleno, "las condiciones de la prórroga son ejecutivas", aunque "siempre que un juez no las suspenda claro".
