Mina no está dispuesta a liquidar el contrato de concesión hasta que finalice su prestación de servicios como gestora del abastecimiento del agua en la ciudad y tampoco a hacerlo en nuevas condiciones a partir del mes de diciembre. La compañía se opone de esta manera a los expedientes aprobados por el pleno municipal de Terrassa el pasado mes de junio. Tres dictámenes que por una parte incoaban expediente de prórroga forzosa hasta el 9 de junio de 2017, iniciaban el proceso de liquidación del contrato suscrito en 1941, a efectos 9 de diciembre de 2016, e impulsaban el proceso de la reversión de bienes .
Mina ha respondido a la decisión del pleno municipal en agosto, durante el trámite de audiencia. La concesionaria rechaza la necesidad de una prórroga forzosa argumentando que "la continuidad del servicio está garantizada" por el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS), que obliga a los contratistas a continuar prestando el servicio si, finalizada la concesión, la administración no puede hacer frente.
Atendiendo a ese principio, la compañía defiende su derecho a seguir gestionando el servicio del agua en Terrassa y hacerlo en idénticas condiciones a las actuales. "La propuesta del Ayuntamiento de querer imponer unilateralmente un nuevo contrato entre el 10 de diciembre y el 9 de junio entendemos que podría ser contraria a la ley", argumenta. en su escrito de alegaciones Mina recurre a la Constitución Española que, afirma, "prohibe la imposición de prestaciones personales y patrimoniales al margen de la ley", lo que le lleva a la conclusión de que "la liquidación y la reversión deberían hacerse al finalizar de forma definitiva el actual contrato, es decir, agotadas las correspondientes prórrogas".
Supervisión municipal
El expediente de prórroga forzosa aprobado por el pleno de junio establece una nueva relación jurídica entre el Ayuntamiento y la concesionaria, una vez caducado el contrato de 1941. Durante los seis meses de prórroga, la administración se compromete a poner a disposición de la compañía los bienes necesarios para prestar el servicio e impone un sistema de supervisión inédito hasta ahora.
Una asistencia técnica contratada por Mina deberá inspeccionar de manera pormenorizada el servicio, las obras, las instalaciones y dependencias, además dé la documentación vinculada a la prestación del servicio. se realizará una auditoría contable, fiscal y administrativa de gastos e ingresos, y con una periodicidad mensual, Mina presentará un informe de explotación.
En él deberá detallar los gastos de personal, las inversiones, el plan de tesorería, la evolución del servicio y las incidencias. De hecho el expediente de prórroga deja claro que Mina continuará cobrando las tarifas y financiando con ellas los costes del servicio. Si hay beneficios -el Ayuntamiento calcula un superavit de 33.220 euros en los primeros seis meses de 2017- revertirán al Ayuntamiento, que por contra si la gestión resulta deficitaria hará frente a la compensación económica.
El Ayuntamiento responderá a las alegaciones de Mina en septiembre o máximo octubre. Lo hará en el pleno, apuntan fuentes municipales, probablemente en forma de aprobación definitiva de los expedientes de liquidación, reversión y prórroga forzosa. Los acuerdos de junio tienen carácter de trámite y no son definitivos, a la espera del trámite de audiencia.
En el comunicado remitido ayer por Mina -que no ha hecho pública la literalidad de sus alegaciones-, la compañía replica a quienes la acusan de judicializar el proceso del agua en Terrassa, después de que haya recurrido ante el Contencioso varias decisiones municipales.
La concesionaria "reclama nuevamente al Ayuntamiento el diálogo adecuado para poder encontrar una salida a la actual situación". Si no lo hay, ante actos administrativos como los expedientes de liquidación, reversión y prórroga aprobados en junio " a Mina no le queda más opción que responder o recurrirlos administrativamente, circunstancia que en ningún caso Mina ni ha provocado ni ha deseado".
Está por ver si en esta ocasión la discrepancia de la contratista acaba en los tribunales. No parece que la administración local esté dispuesta a rectificar una decisión del pleno municipal, donde una amplia mayoría de concejales aprobaron los expedientes que ahora cuestiona Mina.
De hecho, el proceso dio un giro determinante tras ese pleno, en el mes de julio, cuando Mina remitió una carta a los grupos municipales que éstos interpretaron como un intento "de presión intolerable", un "desafío" de la empresa al poder político. Tras ese incidente, los partidos comparecieron ante la opinión pública para ratificar la titularidad pública del servicio y escenificar su cohesión .
