El Ayuntamiento de Terrassa es el titular del servicio del agua en la ciudad y Mina, estrictamente, una concesionaria. Así lo expone el informe jurídico del bufete Menéndez & Asociados Abogados encargado por la Administración local e incorporado a la mesa de trabajo de la comisión político-técnica que analiza la liquidación del contrato con Mina, así como los distintos modelos de gestión.
El documento sostiene que el contrato firmado por el Ayuntamiento y Mina Pública en 1941, que expira en diciembre, “es una concesión para la prestación del servicio público de abastecimiento de agua”.
Finalizados los 75 años de vigencia, la Administración local no debe asumir la titularidad o municipalizar, “pues se trata de un servicio que desde el siglo XIX está a cargo del municipio y cuya explotación podía contratarse a terceros sin necesidad de un previo acuerdo de municipalización”.
El informe jurídico contrasta con el dictamen encargado por Mina al despacho Tornos Abogados y con la postura mantenida por la compañía durante el proceso de liquidación. La concesionaria cuestiona la titularidad pública del servicio y considera que el Ayuntamiento debe hacer un gesto explícito de municipalización si quiere ejercer como propietario.
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El documento defiende, además, que la titularidad municipal integra todos los abonados de Terrassa, incluso los que Mina atendía antes de la concesión y que reivindica como cartera propia de clientes. Al firmar el contrato en 1941, la empresa “incorpora al servicio público municipal los derechos de abastecimiento de sus antiguos clientes y propietarios”, reza el informe solicitado.
El bufete Menéndez recuerda que no consta que jamás se hayan separado caudales públicos y privados en Terrassa donde, pese a ello, Mina ha ejercido un doble rol frente al Ayuntamiento, “por un lado como concesionario único del servicio público y por otro como gestor privado de redes propias integradas en la red municipal”. Frente a esa posición, “está la realidad y el hecho pacífico de que Mina ha gestionado el servicio frente al Ayuntamiento como una unidad de explotación”.
La reversión de bienes e instalaciones al Ayuntamiento coincidiendo con el final de la concesión es otro de los asuntos en litigio entre la Administración y la concesionaria. El informe defiende que debe revertir a la Administración todo lo necesario para la prestación del servicio e insiste en que ese principio legal “es una consecuencia lógica de que la titularidad del servicio corresponde a la Administración”.
El informe reitera que “no puede haber bienes afectos al servicio que sean no revertibles”. El contrato de 1941 así lo prevé, dice, como el convenio de 2001 y su adenda, fuente de discrepancia entre las partes, que esgrimen distintos listados.
Todo lo necesario es revertible, dice el dictamen jurídico, y advierte que cualquier acuerdo previo entre la administración y la compañía que contradiga ese principio “sería contrario a la regulación legal del servicio y a la jurisprudencia”.
La reversión será además gratuita. El contrato consideró 75 años suficientes para la amortización, aunque puede haber adquisiciones de última hora acordadas con el Ayuntamiento y que tengan un trato específico.
Prórroga forzosa
La concesión finaliza el próximo mes de diciembre y el Ayuntamiento ha instado a Mina a una prórroga forzosa, ante la imposibilidad de liquidar el proceso en los próximos meses.
Al margen del complejo trámite de liquidación, hay en marcha una campaña de participación ciudadana que debe culminar con la propuesta de un nuevo modelo de gestión del servicio del agua al pleno, a quien legalmente corresponde aprobarlo. En este momento la mayoría del Consistorio, 20 concejales de 27, ya se han manifestado por la gestión directa, es decir, que el Ayuntamiento se haga cargo del servicio.
Legalmente el contrato con Mina no puede prorrogarse, aunque si es necesario para garantizar la continuidad del servicio, el Ayuntamiento puede “imponer” una prórroga forzosa por un máximo de seis meses”, como así se acordó el pasado mes de junio en el pleno municipal. En junio de 2017, la Administración local debería estar en condiciones de asumir la gestión del agua en la ciudad.
