No sólo las caras han cambiado en el Consell Comarcal del Vallès Occidental. También el funcionamiento interno. El nuevo equipo de gobierno surgido de las elecciones municipales de 2015 (formado por PSC, ERC y CiU) y el resto de grupos políticos quieren abrir una nueva etapa marcada por la transparencia, que restaure la imagen y el funcionamiento de la institución, maltrechos durante el anterior mandato por los presuntos casos de corrupción.
Con este objetivo, se ha elaborado un código ético, aprobado por unanimidad, que recoge las reglas y los modelos de conducta a seguir por parte de los consejeros comarcales, el equipo directivo (gerentes de los consorcios, por ejemplo) y los trabajadores del Consell. En palabras de Josep Maria Osuna, consejero del grupo CUP-CAV que preside la comisión de transparencia en la que se ha elaborado el documento, es un código ético "valiente, que va más allá de lo establecido por la Ley de Transparencia" y que espera que sirva como modelo para los ayuntamientos de la comarca y otras Administraciones.
Entre las medidas pioneras y que más debate ha generado entre los grupos políticos se contempla la renuncia de los consejeros en casos de corrupción y otros delitos. Las discrepancias versaban sobre en qué momento del proceso fijar el cese: si cuando se produzca la imputación del delito o cuando se abra juicio oral. Finalmente, se optó por la segunda opción, la que generó más consenso. Según lo acordado, los consejeros comarcales y el staff directivo renunciarán o serán cesados de sus responsabilidades ante la apertura de juicio oral contra ellos. No sólo será así en delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos, sino también en casos de racismo, xenofobia, violencia machista, homofobia u otros delitos contra los derechos humanos o los derechos de los trabajadores.
El acta de consejero es personal, por lo que es imposible obligar al político a dejar su cargo, pero, si se niega, el código ético incluye un régimen sancionador que va desde la reprobación hasta la multa.
Otro aspecto en el que el decálogo del Consell Comarcal supera a la legislación es en el compromiso de los cargos electos de publicar sus retribuciones económicas y declaración de bienes hasta dos años después de abandonar el cargo, para tratar de evitar las puertas giratorias.
Limitar el cobro de dietas
El Consell también va un paso por delante en un aspecto muy controvertido como es el cobro de dietas. El código establece que si un consejero trabaja también a dedicación completa en otra Administración Pública deberá renunciar a las dietas por asistencia a los órganos del Consell Comarcal. Aunque las indemnizaciones son "muy pequeñas, aseguró Ignasi Giménez, presidente de la institución comarcal, "es un gesto indispensable para que la gente vea que aquí nadie viene a enriquecerse, sino a trabajar por los municipios". Hasta ahora, había algunos políticos que renunciaban, pero ahora dejará de ser una decisión personal, "para pasar a ser norma de la casa".
El documento recomienda no estar más de dos mandatos en el Consell como cargo electo y evitar la acumulación "innecesaria de responsabilidades". El código ético regula la aceptación de regalos y los viajes, así como también contempla mecanismos internos de gestión, aborda la relación entre los grupos comarcales y marca directrices para el funcionamiento del gobierno. Una comisión de ética formada por tres expertos ajenos al organismo comarcal realizará el seguimiento y velará por su correcta aplicación.
