En los últimos años, el Consell Comarcal y sus organismos asociados se han visto gravemente salpicados por presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias vinculados al caso Mercurio. Concretamente, la Justicia ha abierto varias piezas separadas de este expediente por malversación de caudales públicos en el Consorci de Residus y el Consorci de Turisme.
Los consejeros comarcales y el nuevo equipo de gobierno (aunque comandado por el PSC, el principal grupo afectado en el caso Mercurio) quieren regenerar la imagen y el funcionamiento de la institución. De ahí que hayan surgido medidas como la creación de una comisión de transparencia, la elaboración del código ético, la reducción de los salarios, la eliminación de los cargos de confianza o los cambios en la designación del personal directivo.
La "nueva etapa", como la definió ayer Ignasi Giménez, presidente del Consell Comarcal, arrancó con la personación de la institución en el caso Mercurio como acusación particular. A partir de ahí, el resto de medidas, y el código ético en particular, persiguen "la ejemplaridad" como principio básico dado que "en los últimos tiempos se había producido un daño en la imagen" del Consell. Giménez aseguró que existe una "clara voluntad de regeneración" y de "dar un giro" al organismo supramunicipal respecto a lo que había sido su gestión durante el mandato pasado. Josep Maria Osuna, consejero de las CUP-CAV (por tanto, en la oposición) que preside la comisión de transparencia, explicó que se pretende "dejar atrás cualquier sospecha de funcionamiento poco ético y transparente" del Consell.
