La ciudad de Terrassa es la primera de Catalunya con más discriminación escolar o centros guetos. Lo afirma un informe del Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, que ha analizado este fenómeno en las aulas catalanas. Por detrás de Terrassa sitúa Cerdanyola, Sabadell, Badalona, Tarragona, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Girona, Lleida, Sant Adrià del Besós y Cornellà.
El estudio, titulado “La segregación en Catalunya: la gestión del proceso de admisión del alumnado”, arroja otros datos sobre la realidad escolar de nuestra ciudad. Informa que Terrassa es uno de los municipios más importantes en población con centros de primaria y secundaria públicos que escolarizan más de un cincuenta por ciento de alumnado extranjero. Y apunta que para conseguir una distribución igualitaria habría que cambiar de centro, hipotéticamente, el sesenta por ciento del alumnado foráneo en primaria y el 41 por ciento en secundaria. El Síndic explica también que la segregación escolar no necesariamente se corresponde con los municipios que acogen mayor número de inmigrantes. En este sentido reprocha que algunas ciudades, entre las que cita a Terrassa, han hecho poco en pro de la igualdad social. Ilustra esta afirmación explicando que “en los últimos años he realizado diversas actuaciones de oficio relacionadas con la segregación escolar y he constatado déficits importantes en las políticas de gestión del proceso de admisión de alumnado para combatir esta situación”.
Una década perdida
Ribó enmienda la política educativa con respecto a este tema tras constatar que desde 2008, cuando presentó un informe anterior, la situación sigue siendo la misma o ha variado poco. “Esta ha sido una década pérdida porque no ha habido cambios estructurales en una problemática que es una mancha para la igualdad de oportunidades y dificulta la educación, el proceso de socialización y la convivencia del alumnado”, ha manifestado el Síndic. El máximo responsable de la sindicatura en Catalunya ha hecho dos reivindicaciones para acabar con esta discriminación escolar.
Por un lado ha pedido a los grupos políticos parlamentarios medidas legislativas más potentes como un cambio en el proceso de matriculación del alumnado, una mejor planificación de la oferta de plazas, el uso de la reserva de plazas como un instrumento de escolarización equilibrada y un mayor control administrativo. Pero también demanda a la población que tome conciencia de la importancia de la equidad social en las escuelas y que elegir centro es también un derecho colectivo.
El informe del Síndic de Greuges ha sido considerado en Terrassa. La concejal de Educación, Rosa Maria Ribera, ha celebrado que “ya era hora que alguien pusiera blanco sobre negro a esta problemática a pesar de que pueda generar incomodidades. Si queremos un territorio equitativo hay que analizar el problema y poner remedio”. Al respecto señaló que “desde la nueva comisión creada en el seno del Consell Escolar Municipal para la escolarización (se ha puesto en marcha tras la caída de la demanda por la baja demografía) debemos proponer medidas para este reequilibrio y comparto plenamente las peticiones del Síndic con respecto a un cambio en el proceso de admisión de alumnado y la concienciación de las familias en que el centro es una colectividad”. Ribera reconoce, sin embargo, que la problemática es muy compleja y sensible y que requiere de un abordaje integral. En este sentido dice que los ayuntamientos también tienen instrumentos para favorecer la igualdad como son las políticas sociales y de vivienda. “Terrassa -manifesta la edil- tiene una peculiaridad y es que tiene un territorio disperso que ha propiciado una red de centros privados/concertados en el Centre y públicos en los barrios con una tipología de alumnado específico. ¿Se puede corregir? Hay que intentarlo. Hay que conocer las familias, sus necesidades y saber si quieren salir de su zona de “confort”. La familia tiene derecho a elegir escuela y no se le puede obligar a cambiar de centro como tampoco no la puedes trasladar de barrio”.
Desde la comunidad educativa, Montse Ros, secretaria de política educativa de la federación de enseñanza de CCOO, coincide con Ribera en que “Terrassa tiene un mapa escolar difícil” pero se muestra crítica con el Ayuntamiento. “En los años del “boom” inmobiliario -opina la sindicalista- y del crecimiento de la población, con la llegada de inmigrantes, se apostó por reiterar el modelo existente. O sea que las nuevas escuelas públicas se construyeron en los barrios por lo que la discriminación se ha acentuado”. Para Ros, la Generalitat también ha fallado. “En escuelas con demanda se abrían más aulas (los “bolets”) mientras que las que tenían poca se dejaban a su suerte por lo que éstas últimas acaban con el estigma y son los más afectadas por la falta de recursos”.
Datos
El curso 2013-14 (curso de referencia para el Síndic) había matriculados 30.860 alumnos en primaria y ESO, de los que un 14,7 por ciento era de origen extranjero