Un jubilado de 72 años recogió un paquete que contenía un ventilador de techo y algo más: 1.110 gramos de cocaína; la Guardia Civil confiscó el paquete y detuvo a su destinatario en Cornellà de Llobregat. Era extraño que alguien de ese perfil interviniese en una trama de tráfico de drogas y más raro aún pareció a los investigadores que un individuo de mayor edad aún, de 82 años, fuese arrestado poco después por lo mismo. La Guardia Civil tiró del hilo y ha acabado desmantelando una organización de narcotraficantes, instalada, entre otras ciudades, en Terrassa, que usaba a pensionistas y a parados para transportar cocaína. Hay quince detenidos.
Las pesquisas empezaron a finales de octubre con la aprehensión de los 1.110 gramos de coca en el mencionado ventilador. El paquete postal que contenía la sustancia estupefaciente procedía de la República Dominicana. Meses después fue detenido el hombre de 82 años. Los guardias encargados de las indagaciones confirmaron que los dos jubilados, personas con escasos recursos económicos, “fueron meros intermediarios en la recogida” de los paquetes y que su papel en la organización consistía en facilitar sus datos y recoger los bultos para entregarlos después a sus verdaderos dueños, los responsables. Aquellas personas mayores pilladas in fraganti carecían de la capacidad y la infraestructura necesarias para articular los envíos, pero sí tenían algo que la banda consideraba muy útil para sus fines: la necesidad de conseguir dinero extra para llegar a final de mes. Por eso dedicaban parte de su tiempo a menudear con droga.
La Guardia Civil de la Comandancia de Barcelona prosiguió con las averiguaciones y terminó encontrando al cabecilla de la organización y a sus lugartenientes. El dirigente de la trama era conocido como “El Maestro”.
Una peluquería-laboratorio
La base de operaciones del grupo estaba en la trastienda de una peluquería de l’Hospitalet de Llobregat que era algo más que una “pelu”: en su interior había un laboratorio clandestino para la manipulación y adulteración de la cocaína, según la Guardia Civil.
La organización tenía un contacto en Argentina con el que se comunicaba por correo electrónico, medio usado para suministrarle las direcciones donde debía enviar los paquetes. Las identidades de los destinatarios eran reales, pero sus direcciones no eran las de sus lugares de residencia. El contacto argentino tramitaba la droga en paquetes postales con un peso inferior a dos kilos que Correos trataba como carta y que, por tanto, no era sometido a seguimiento a través del nombre de los implicados, del remitente o del receptor.
El remitente llamaba por teléfono a los cabecillas de la red cuando el bulto llegaba a España y los narcotraficantes montaban un operativo de vigilancia: controlaban la dirección de destino y los movimientos del repartidor de Correos “que ellos ya conocían”, y vigilaban también la oficina de la empresa de reparto por si había policías merodeando. Y utilizaban para la recogida a jubilados o a desempleados “con el objetivo de que estos perfiles pudieran pasar desapercibidos a la vista de los investigadores”, señala la Benemérita. Dos abogados están acusados de colaborar con la organización para hacer acopio de información sobre pesquisas policiales.
La operación de la Guardia Civil, llamada “Ventalle”, culminó semanas atrás, después de nueve meses de investigaciones, con la detención de quince personas y la imputación de seis más.
En l’Hospitalet se registraron una vivienda y la peluquería-laboratorio (donde se decomisaron 1.177 gramos de cocaína, un litro de cocaína líquida, 697 gramos de productos precursores y material para manipular la droga). En Terrassa los guardias inspeccionaron un piso.
En total, el operativo se saldó con la incautación de 4.840 gramos de esa droga, parte de la cual provenía de Argentina y la República Dominicana. De la sustancia decomisada, 2.663 gramos los intervino la Guardia Civil en paquetes de cinco envíos interceptados.
Los líderes del grupo son dominicanos. Según los investigadores, la banda enviaba los beneficios económicos del tráfico de drogas a Argentina y la República Dominicana a través de gestoras de transferencias de dinero y repetía los giros en pequeñas cantidades con la participación de varias personas que daban sus identidades como ordenantes de los envíos.
La trama pagaba a esos individuos entre veinte y cincuenta euros por cada remesa. La investigación ha identificado a treinta remitentes que prestaban sus nombres para las transferencias, cuya cuantía oscilaba entre los mil y los dos mil euros. A los dos abogados investigados se les atribuye un delito de revelación de secretos. A los detenidos, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
