Compromiso firme y claro a favor de la gestión directa del servicio de suministro del agua”. Son las palabras del alcalde, Jordi Ballart, que dieron inicio ayer a la rueda de prensa conjunta de PSC, TEC, ERC-MES y CUP en la que los cuatro grupos quisieron “visualizar la unidad de acción” respecto al polémico y complejo proceso de liquidación de la actual concesión del servicio a Mina Pública d’Aigües de Terrassa. Una comparecencia “histórica”, remarcaron, que también sirvió para denunciar “la falta de colaboración” y la actitud de Mina, “que no acepta la autoridad municipal” en el control del servicio y “judicializa” las decisiones adoptadas.
Las cuatro fuerzas políticas de izquierdas conformaron ayer un bloque sólido y contundente a favor de municipalizar el servicio de agua en Terrassa, una vez concluya el actual contrato con Mina, gestora desde 1941. La concesión culminará definitivamente en junio de 2017, después de que el mes pasado se aprobase una prórroga forzosa de seis meses. Los cuatro partidos comparecieron juntos para presentar la propuesta de resolución que defenderán esta tarde en el pleno. Una moción que refleja esta posición política y denuncia, al mismo tiempo, que Mina está adoptando decisiones con la intención de “condicionar, entorpecer y judicializar, en favor de su propio beneficio”, el proceso de “libre deliberación y elección del futuro modelo de gestión del agua”. El texto recoge que a pesar de estos escollos, los concejales se sienten “plenamente libres y con todas las fuerzas necesarias para tomar una decisión que priorice los intereses colectivos de la ciudad”.
En la propuesta, los cuatro grupos señalan que de entre todas las formas de gestión, la directa es la que “da plenas garantías de que el agua sea considerada como un derecho humano universal y de que haya un pleno control público y la máxima transparencia”.
“Decisión trascendental”
El alcalde subrayó que la decisión sobre un bien vital como es el agua es “estratégica y trascendental” para el futuro de Terrassa y que, por tanto, corresponde tomarla al pleno. El proceso de liquidación asociado al fin de estos 75 años de concesión a Mina “no ha estado exentos de dificultades”, pero no sólo por la complejidad de un asunto de estas características, sino “por la falta de colaboración de la concesionaria a la hora de transmitir la información al Ayuntamiento, que como titular del servicio, debe recibir con transparencia”. Si no llega la información requerida, el alcalde no descarta acudir a los tribunales para exigirla. Ballart insistió: “El Ayuntamiento es el titular incuestionable del servicio y, como tal, tiene total libertad para decidir el modelo de gestión”.
La comparecencia de ayer llega después de la carta enviada hace casi un mes por Mina a los portavoces municipales en la que se muestra contraria a las condiciones económicas y de control impuesta por el pleno durante los seis meses de prórroga. Una carta que los concejales consideran una injerencia y que busca condicionar la elección del modelo de gestión. Aunque los cuatro grupos dejaron claro que el posicionamiento conjunto va más allá de ser una respuesta a esta misiva, el alcalde remarcó que se trata de una “carta irresponsable e impresentable” que, sumada a la actitud de Mina a lo largo del proceso, les ha llevado a “decir basta” a la concesionaria.
Para el portavoz de TEC, Xavier Matilla, la “postura política inequívoca” reflejada ayer se da en un momento y asunto trascendental para la ciudad. “Terrassa se encuentra ante una gran oportunidad. Después de 75 años de gestión concesionada, el conjunto de la ciudadanía puede recuperar la gestión del servicio de agua”, subrayó. Durante este tiempo, la “opacidad” de Mina, “ahora controlada por empresas internacionales”, ha provocado que el Ayuntamiento “pierda el control del servicio”. Matilla recordó que su grupo siempre ha defendido “recuperar la gestión de un bien común, para que deje de ser un negocio privado”. Y lo ha hecho convencido, además, de que “el Ayuntamiento está en plenas condiciones” de asumir esta gestión.
Isaac Albert, portavoz de ERC-MES, coincidió en las garantías que ofrece la asunción directa del agua: “En el siglo XXI nadie entendería que el agua quedase en manos del sector privado, cuando el sector público tiene condiciones para prestar el servicio igual o mejor que una empresa privada”.
Oportunidad “histórica”
Albert señaló lo “histórico” de la rueda de prensa, que refleja que “20 de los 27 concejales del pleno están a favor de municipalizar el servicio del agua”, y del momento que se abre en la ciudad con el fin de la concesión. “Tenemos la oportunidad de revisar a fondo el servicio del ciclo integral del agua y aprovechar para recuperar el gobierno de su gestión”. La decisión tomada, dijo, es un acto de “liderazgo público”. Una de las dificultades “más evidentes” de los últimos meses ha sido “la falta de reconocimiento de la concesionaria del liderazgo público de una concesión pública”, sostuvo el republicano, para a continuación dejar claro que “aquí quien manda son los representantes de la ciudadanía”, es decir, “el Ayuntamiento en pleno”, independientemente de la posición que tenga cada grupo sobre el futuro de la gestión.
Para la concejal de la CUP, Maria Sirvent, el de ayer fue “un paso firme hacia la izquierda en las políticas del Consistorio”, que, además, demuestra que “si el objetivo de Mina era desvirtuar el proceso decisorio del Ayuntamiento, ha conseguido todo lo contrario”.
La portavoz del partido anticapitalista recalcó la “relevancia” de la decisión del bloque de izquierdas en una sociedad en la que cada vez más las decisiones se toman en favor de una minoría” y deseó que la municipalización de servicios públicos “no se acabe con el agua”.
